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LA ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE PUERTO RICO HACE LLAMADO URGENTE AL GOBIERNO SOBRE LEY DE MORATORIA APROBADA

SAN JUAN, PR – La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), se expresó en torno a la “Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico”, convertida en Ley Núm. 21 de 2016, por la presente administración de gobierno.

“Nuestra Asociación está plenamente consciente de la grave condición fiscal del gobierno de Puerto Rico y de la fragilidad de nuestra economía. Por ello, en días recientes nos unimos al llamado del Gobernador, de líderes de los diferentes partidos políticos y de otras organizaciones empresariales, de llevar una voz unificada que nos dé credibilidad y fuerza, en el reclamo de buscar una solución balanceada al presente cuadro fiscal, mediante una acción congresional que permita reestructurar la deuda, reactivar nuestra economía y estabilizar nuestra situación fiscal”, expresó el Presidente de la Asociación de Constructores, Arq. Ricardo Álvarez-Díaz.

"Pero ello no puede ser a costa de nuestro sistema constitucional, federal y estatal, ni en menoscabo de las protecciones constitucionales, relaciones contractuales, el derecho de propiedad privada y el acceso a remedios judiciales que nuestros ciudadanos y nuestras empresas tienen, frente al Estado."

“De ahí que no podemos favorecer la recién aprobada Ley de Moratoria, en tanto establece mecanismos y procesos, totalmente ajenos a nuestro sistema de gobierno de ley y orden, el cual se centra en la libre empresa, el disfrute del debido proceso de ley y en la protección de los contratos suscritos entre las partes”, añadió el líder de los constructores.

"A lo anterior se suma", según Álvarez-Díaz, "la seria incertidumbre y desasosiego, que la aprobación de dicha Ley, ha levantado en toda la industria de la construcción, en la ciudadanía en general y en muchas otras organizaciones y empresas de otros sectores importantes para la economía de Puerto Rico. Dicha incertidumbre ha afectado severamente procesos de negociación con acreedores, con el propio Congreso y la Rama Ejecutiva Federal y ha agravado la falta de confianza y certeza en empresas foráneas y locales, que han estado ponderando o que han hecho inversiones importantes en el País."

“Por otro lado, todos los suplidores de la empresa privada que proveen bienes y servicios a gobierno, de todos los sectores, a los que se les adeudan unas cuantiosas sumas de dinero y que han sufrido los embates del impago o la morosidad por los pasados años, han tenido que despedir miles de empleados, reducir sus operaciones, y sufrir todas las consecuencias financieras que ello ha ocasionado. Pero, enfrentarse a esta ley que les suspende su derecho a cobrar por la vía judicial o a ejecutar sentencias a su favor, a quienes se les fuerza a continuar dando servicios o rendir labores sin paga o a quienes se les puede, incluso, incautar su propiedad privada, alcanza una situación extrema que bajo ninguna circunstancia podemos avalar”, expreso Álvarez-Díaz.

En consecuencia, el Presidente de los Constructores, hace un llamado urgente al Gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

"Exhortamos al Honorable Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, a reconsiderar la entrada en vigor de esta Ley, y aprobar legislación inmediata que derogue en su totalidad la Ley de Moratoria o en su defecto, derogue expresamente las disposiciones de dicha Ley, que resultan más dañinas a nuestro ordenamiento constitucional y a la estabilidad jurídica y economía del País", manifestó el representante de los constructores.

"Entre las disposiciones que entendemos deben ser derogadas de inmediato, están: todas las disposiciones que conceden poderes especiales o particulares de expropiación de propiedad privada en el marco de la presente Ley, todas las disposiciones que menoscaban las obligaciones contractuales, todas las disposiciones que privan de remedios judiciales a empresas o personas privadas en contra del gobierno, todas las disposiciones que autorizan procesos de sindicatura sin la intervención judicial, todas las disposiciones que obligan a ciudadanos y empresas privadas a trabajar y producir bienes y servicios al gobierno sin paga y cualquier otra disposición en violación de nuestro ordenamiento constitucional, federal y estatal, y que priva al País de la estabilidad jurídica que necesitamos para salir, de forma ordenada y productiva, de la crisis fiscal y económica que enfrentamos", puntualizó Álvarez-Díaz.

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