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Políticos y el sector de la construcción están atentos al plan de Trump


Noticia publicada en El Nuevo Día

Nueva York - Para una economía en crisis, agravada por los daños causados por el huracán María y sin acceso a los mercados financieros, un plan para la inversión en infraestructura, como el que quiere promover el presidente Donald Trump, abre los ojos de las autoridades y el sector privado de Puerto Rico.

Junto a sus propuestas sobre  inmigración -después de un año de  pesada retórica, polémicas y enfrentado a  una  investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016-, el fondo de infraestructura que promovió Trump fue  foco de su primer mensaje sobre el Estado de la Unión.

“Construiremos nuevas carreteras, puentes, autopistas, vías de tren y mejoras al tránsito marítimo. Y lo haremos con el corazón americano, manos americanas y determinación americana”, indicó Trump el martes en la noche.

La vigencia de estos planes para la isla y su efectividad  dependerá de los detalles. Los primeros informes no son muy alentadores. En su mensaje, el presidente Trump anunció que el plan prevé una inversión de $1.5 billones ($1.5 trillions) en una década. Pero eso incluye la aportación de gobiernos locales e incluso la posibilidad de alianzas público privadas. “Cada dólar federal debe nivelarse en asociación con los gobiernos estatales y locales y, cuando corresponda, aprovechando la inversión del sector privado, para corregir permanentemente el déficit de infraestructura”, dijo.

Según la líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Nancy Pelosi, la realidad es que el gobierno federal aportaría $200,000 millones, es decir, una séptima parte del dinero que la Casa Blanca aspira que se logre invertir.

“El presidente (Trump) se presenta a sí mismo como un hombre de grandes ideas y luego presenta una propuesta de infraestructura insignificante, subestimando por completo o ignorando los desafíos de infraestructura que enfrenta nuestro país”, indicó Pelosi. Los requisitos de pareo de  fondos locales agarrarían a Puerto Rico –con su gobierno en bancarrota­ en su peor momento financiero.

“Sería un reto. Por eso hay que esperar a ver la legislación”, dijo ayer la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien recordó que, aparte de los planes de reconstrucción presentados por el gobernador Ricardo Rosselló, el gobierno de Puerto Rico envió a la Casa Blanca en 2017   un listado  de proyectos urgentes de infraestructura. Tras el mensaje, la comisionada afirmó que “la reconstrucción de la infraestructura y la inversión en empleos puede empezar por Puerto Rico”. “Podemos ser el lugar donde se inician programas para reconstruir mejor infraestructura y apoyar las nuevas empresas”, añadió.

Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores,  dijo   que la urgencia de fondos para financiar proyectos de infraestructura quedó magnificada tras el huracán María. Un análisis de la Asociación de Constructores, preparado a finales de 2017, indica que se requerirán entre $15,500 millones y $19,500 millones para poner en orden la infraestructura del país, lo que incluye vivienda, renovar la red eléctrica, telecomunicaciones, sistemas de agua y transporte.

Solo para reconstruir y modernizar la red eléctrica, el gobernador Rosselló ha pedido al Congreso $17,000 millones. “Si la propuesta del presidente Trump va a depender de financiamiento a nivel del gobierno local, ahí vamos a tener un problema”, indicó Colón Zavala.

La comisionada González sostuvo que una de las posibilidades es que el fondo de infraestructura se convierta en una asignación en bloque y que pueda ser pareado con otros programas federales, como, por ejemplo, el de desarrollo comunitario del Departamento de Vivienda federal, conocido por sus siglas en inglés CDBG.
La otra ventana serían las alianzas público privadas. En San Juan, el gobernador Rosselló sostuvo que buscarán insertarse en el fondo que cree el gobierno federal, “para que, además de los recursos  (de emergencia)... y de la transformación de infraestructura que vamos a tener, que Puerto Rico también participe de ese (fondo) para  renovar toda la infraestructura en Estados Unidos”.

Hoy,  González estará en San Juan con la subsecretaria de Vivienda federal,  Pam Patenaude, para anunciar una asignación relacionada  con una de las resoluciones de fondos suplementarios para mitigar desastres que ya fueron aprobadas por el Congreso. Para cualquier asignación futura, el gobierno de Puerto Rico se puede enfrentar a las restricciones que impone el Congreso tras el escándalo Whitefish, que han incluido exigencias para que FEMA o la Junta de Supervisión Fiscal certifique futuros desembolsos.

“Va a requerirse mucho cabildeo”, subrayó Colón Zavala.

Para el desarrollador y abogado Juan Carlos Albors, “el anuncio del presidente recrudece la necesidad de que se acelere el proceso de quiebra estatal que se lleva a cabo en la corte federal”, para que el gobierno de Puerto Rico “pueda regresar a los mercados para financiar nueva infraestructura”.

Durante su campaña presidencial, Trump indicó que impulsaría un plan que alcanzaría el billón de dólares (un trillón, en inglés).

Según la publicación Axios, de los $200,000 millones en fondos federales a invertirse en una década, $100,000 millones serían incentivos para gobiernos locales y estatales. Unos $50,000 millones irían destinados a infraestructura rural y otros $20,000 millones para “proyectos transformativos”, los que, por parecer muy ambiciosos, suelen tener dificultades para conseguir fondos de financiamiento privado.

El plan de Trump es todo un contraste con el financiamiento federal para la construcción de  autopistas, que alcanza el 80%.

La Casa Blanca necesitará votos  demócratas para aprobar un proyecto por el trámite regular en el Senado, dividido 51 a 49. “Los demócratas están igualmente interesados que los republicanos en la infraestructura. Necesitamos obtener un proyecto bipartita,  que pueda obtener 60 votos en el Senado, y estamos trabajando para lograrlo”, dijo a Fox el presidente del Concilio Económico de la Casa Blanca, Gary Cohn.

Sin compromisos En su mensaje, el presidente Trump hizo una muy somera referencia a los recientes desastres naturales, sin hacer un llamamiento a favor de la reconstrucción o a la aprobación de la resolución de asignaciones suplementarias pendiente en el Senado, como esperaban algunos. “A todos los que aún se están recuperando en Texas, Florida, Luisiana, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, California y en todos lados, estamos con ustedes, los amamos y lo haremos juntos”, se limitó a indicar  Trump, quien llegó al mensaje con un 40% de popularidad, el porcentaje más bajo registrado para un inquilino de la Casa Blanca en su primer año.

Los congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz –quien fue invitada al mensaje por la senadora demócrata Kirsten Gillibrand- censuraron que Trump no se refiriera a su política pública para atender la emergencia en Puerto Rico, donde un tercio de la población sigue sin electricidad. “Puerto Rico es una metáfora de cómo este presidente ve a todos los latinos y personas de color: no nos ve como iguales y no nos ve como seres humanos… Probablemente, piense en Puerto Rico como simplemente otro ‘país de mierda’”, dijo Gutiérrez, en referencia a la frase que se le atribuye a Trump cuando expresó críticas a inmigrantes de Haití, El Salvador y países africanos. La comisionada indicó que hubiese preferido que Trump “fuese más específico y reconociera las personas que han ayudado a salvar vidas”, pero que, “por lo menos”, hizo una ligera mención.

González ha insistido en los últimos días en que el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, “tiene como rehén” la resolución de asignaciones suplementarias para mitigar desastres, al afirmar que la utiliza como ficha de negociación en el tema de la normalización de la vida de los indocumentados que llegaron a EE.UU. de la mano de sus padres, los  llamados “soñadores”.

Pero González reconoce que no necesariamente hay acuerdos concretos aún sobre asuntos que la Cámara no incluyó  en  su  resolución aprobada en diciembre, como una asignación significativa  de Medicaid, o los esfuerzos de las autoridades de la isla para  enmendar  el lenguaje que impone restricciones para el gobierno de Puerto Rico tener acceso a fondos de emergencia.

Con respecto a Medicaid,  González sostuvo que “republicanos y demócratas están de acuerdo con aumentar la cantidad”. “Todo está en el aire por DACA, un asunto que estoy de acuerdo se resuelva”, dijo González, en referencia al decreto que le permitía a los “soñadores” trabajar en EE.UU. y normalizar sus vidas, derogado  por Trump, con efectividad total, el 5 de marzo. Trump dedicó también su mensaje a defender su oferta al Congreso sobre un plan de reforma migratoria que permita encaminar a 1.8 millones de personas a obtener  la ciudadanía de EE.UU.

Pero, mientras  habló a favor de la unidad de EE.UU., utilizó la inmigración legal e ilegal como espejo de la violencia en este país, enojando a los grupos que trabajan a favor de los “soñadores” y complicando las negociaciones con los demócratas del Congreso.
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