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La ACPR expresa su oposición a la Ordenanza Municipal que regularía el alquiler de propiedades a corto plazo

21 de febrero de 2019 – La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) hizo pública su oposición al proyecto de Ordenanza Municipal del Municipio Autónomo de San Juan que regularía el alquiler de apartamentos o residencias a corto plazo.  El proyecto de ordenanza en referencia tiene vicios de inconstitucionalidad al solo permitir que un titular pueda únicamente tener hasta dos propiedades en alquiler y peor aún, que una de ellas tenga que ser la residencia principal del arrendador. Esto constituye una restricción irrazonable y un menoscabo y violación del derecho constitucional a la propiedad privada sin una base razonable.

El presidente de la ACPR, el ingeniero Emilio Colón-Zavala, enfatizó que “este proyecto de ordenanza está predicado en premisas fundamentalmente incorrectas. Entre ellas, el municipio parte de la premisa de que por concepto de estos alquileres a corto plazo, el municipio no recibe ingresos. Cuando la realidad es que esta actividad económica que generan ingresos se supone paguen patentes municipales entre otros beneficios al municipio. A su vez entendemos que el imponer un tributo del 3% sobre volumen de alquiler no es otra cosa que aumentar la patente municipal sin que esto sea legal, ya que el tipo máximo permitido por ley es medio por ciento del volumen de negocio por lo que tal tributo sería ilegal”.

La Asociación de Constructores de Puerto Rico quiere destacar que nuestra organización favorece que se reglamente esta actividad adecuadamente, poniendo los controles necesarios para que los vecinos y la comunidad no se vean irrazonablemente perjudicados. Las comunidades deben tener el derecho de decidir sin este tipo de intervención.  Sin embargo, ello no puede desembocar en la colocación de impuestos, restricciones y prohibiciones que resulten tan onerosas y restrictivas, limitando así el derecho de propiedad privada de los dueños.  Seguir haciendo las cosas de esta manera no está a la altura de nuestros tiempos.

Urge un coordinador federal de reconstrucción

Cuando ocurre un desastre natural, uno de los requerimientos del gobierno federal es que se designe un representante autorizado por el gobierno local (“GAR” por sus siglas en inglés). En desastres mayores, incluso se solicita la creación o establecimiento de una oficina gubernamental dedicada a trabajos enfocados en la reconstrucción.

Con ese fin, el gobierno de Puerto Rico, luego del azote del huracán María, creó la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción Resiliencia, adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público- Privadas. Desafortunadamente, del lado federal este no es el caso. Ese representante local queda a la merced de la burocracia, múltiples reglamentos y agencias federales que dificultan la coordinación toda vez que, al igual que ocurre con el gobierno local, en ocasiones la comunicación interagencial no es la ideal. De hecho, la Asociación de Constructores ha experimentado retos al sólo preguntar cuánto dinero se ha asignado para las ayudas federales de reconstrucción. Es el típico ejemplo de que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. En Puerto Rico, la labor de múltiples agencias aparenta ser redundante.

Por un lado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos coordina trabajar con un proyecto de control de inundaciones en la misma área donde se realizan iniciativas para mitigar zonas susceptibles a inundaciones con fondos CDBG-DR. En fin, se exige un esfuerzo coordinado del lado estatal, sin embargo, por el lado federal hay que recorrer un laberinto desconocido para la inmensa mayoría de los locales. Como si esto fuera poco, recientemente la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (“GAO” por sus siglas en inglés) informó que los recursos que trajo a Puerto Rico la Agencia Federal de Manejo de Emergencias fueron inadecuados para la respuesta inicial. Incluso se indicó que el desastre de Puerto Rico es más grande que el resto de los desastres que FEMA tiene activos combinados en territorio estadounidense.

Como resultado del informe, además, el gobierno federal ha requerido que FEMA optimice sus procesos de revisión ambiental y permisos para precisamente lograr que los proyectos comiencen lo antes posible. Resulta lamentable que los funcionarios a cargo de esto no entiendan a qué se refiere tal instrucción. Es increíble que la burocracia siga dilatando los procesos mientras nuestras familias no tienen más remedio que recurrir a reconstruir sin implantar las lecciones aprendidas de este desastre. A casi 15 meses del paso del huracán María, aún no se publica el informe de evaluación de comportamiento de edificaciones que, por reglamento federal, se supone hubiese publicado seis meses luego del desastre.

Por todo lo anterior, hace perfecto sentido que se nombre un coordinador a nivel federal para la reconstrucción de Puerto Rico. Esta persona debe conciliar los esfuerzos de las agencias federales y optimizar procesos para lograr que los proyectos de reconstrucción finalmente comiencen. Es necesario una oficina que sirva, no como un obstáculo con procesos burocráticos adicionales, pero como recurso y punto de contacto único para optimizar el uso de los recursos federales asignados. Al final del día, será una contraparte al GAR local que logre un destranque en beneficio de nuestra infraestructura y los más vulnerables. Es hora de ejecutar y que comience la reconstrucción.

Hay que eliminar barreras y optimizar procesos tal y como el gobierno federal ha instruido. Es importante que se entienda que la posición económica de nuestra sociedad nos tiene a merced que las ayudas federales lleguen. Esto no aguanta dilaciones adicionales. Hay que ejecutar y poner nuestras manos a la obra por el bien de nuestra sociedad.

Educación para reconstruir mirando al futuro del país

Lunes, 11 de febrero de 2019 – El plan del gobierno para capacitar a 2,100 estudiantes de cuarto año para laborar en la industria de la construcción mueve la ruta del Departamento de Educación a las necesidades más inmediatas del mercado, dentro de los esfuerzos de reconstrucción.

La iniciativa también ofrece a esos egresados mejores oportunidades de conseguir empleo. Al esfuerzo deben sumarse, además de entrenamiento en seguridad, matemáticas, manejo de herramientas y códigos de construcción, cursos para desarrollar el espíritu emprendedor de nuestros jóvenes. La fase inicial de la iniciativa conlleva 160 horas contacto hasta junio. Se pondrá en vigor mediante un currículo especial desde mediados de mayo hasta junio, con un presupuesto estimado en $1.2 millones.

Se ofrecerá primero a estudiantes de cuarto año de escuela superior. Luego se evaluará si se expande a otros grados del nivel superior. Los estudiantes podrán especializarse en carpintería. Después se añadirán otros oficios, como plomería, electricidad y albañilería. Ochenta y cuatro maestros recibirán adiestramientos para impartir los cursos. De esa manera, el gobierno prevé el reclutamiento inmediato de estos jóvenes por parte de una industria de la construcción que se proyecta pujante con el arribo de las asignaciones federales ligadas a la reconstrucción.

Del mismo modo, pueden integrarse otras destrezas vocacionales que preparen a los jóvenes interesados en otros mercados de trabajo que también aporten al desarrollo económico de la isla. Ejemplos son las destrezas vinculadas a la industria del turismo y las que permiten el desarrollo de pequeños negocios.

Por años, el Departamento de Educación ha enfrentado el reto de establecer un proyecto educativo pertinente a la realidad de los estudiantes. Por falta de datos actualizados, resulta prácticamente un misterio conocer cuántos jóvenes abandonan la escuela sin graduarse de cuarto año.

Según un informe oficial de 2016, la mayoría de los estudiantes que se dio de baja reportó interés en estudiar en un programa acelerado o alternativo. Otros hablaron de dejar la escuela para trabajar, evitar un fracaso académico o asumir responsabilidades en el hogar. Datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud, para 2016, han indicado que la mayoría de los menores de 18 años —el 56%— vive en pobreza. Los padres del 53% de nuestros niños y adolescentes no tenían empleo seguro. Hasta 25,000 jóvenes no asistían a la escuela ni trabajaban.

El informe más reciente del Instituto, sobre el impacto del huracán María en la niñez, reveló también que muchos de nuestros niños y jóvenes sufren aún las secuelas emocionales de la emergencia vivida tras el huracán María. Estudiantes del sistema público llegaron a perder un promedio de 78 días de clases por ausencias después del ciclón. Casi la mitad de las familias, encuestadas en 705 hogares, dijo haber identificado cambios en el comportamiento de sus hijos desde entonces.

Ese escenario requiere atención integrada, en la cual el proyecto anunciado por el gobierno puede ser una acción, pero no aislada. Adiestrar a los estudiantes en tareas relacionadas a la reconstrucción puede activar empleos y encaminar una economía sostenible, como parte de un proyecto educativo amplio.

Aparte de las necesidades inmediatas de la reconstrucción, el país necesitará ciudadanos con múltiples competencias académicas y emocionales. Sobre todo, el proyecto educativo debe perseverar en su misión de propiciar el desarrollo humano. La educación debe proveer a los estudiantes las herramientas que le permitan, no solo adquirir un trabajo en el corto plazo, sino alcanzar su mayor potencial. La educación tiene que ser plataforma para generar equidad, mejorar aprovechamiento académico y la calidad de las vidas que toca. El proyecto educativo puede nutrirse de lo mejor de los modelos de entidades sin fines de lucro que han transformado vidas en la isla. Debe dar paso a la educación holística necesaria para los retos de hoy y del futuro.

Rick Scott se compromete con el sector empresarial

6 de febrero de 2019 – Rick Scott, quien en enero tomó posesión como senador republicano por Florida, aseguró ayer que va a “hacer lo que esté en mi poder” para adelantar en Washington los temas de mayor inquietud para Puerto Rico, como el acceso a fondos de salud y de reconstrucción.

“Puerto Rico es muy importante para mí. Estoy aquí para escuchar y ver cómo puedo ayudar”, afirmó el exgobernador de Florida, durante el conversatorio que sostuvo con líderes del sector privado en la sede del Departamento de Estado en el Viejo San Juan, como parte de la que fue su primera visita como senador federal. Sobre las acciones que está dispuesto a tomar mencionó que “puedo trabajar en legislación, puedo hacer acercamientos a la Casa Blanca o a miembros del gabinete (del presidente Donald Trump)”.

Para ello, pidió a los representantes de los distintos gremios e industrias presentes a preparar y someter a su oficina resúmenes concretos sobre qué hace falta y por qué, para hacerlo todo “más fácil”. “Sean específicos”, urgió. Jaime Pla, de la Asociación de Hospitales, abrió la discusión sobre los fondos para Medicare y Medicaid. Dijo estar optimista de que la acción de Scott y de su correligionario Marco Rubio dé paso a “obtener una solución permanente en vez de ir allá (a Washington DC) cada año” a presionar por los fondos necesarios.

Por su parte, Rick Shinto, principal ejecutivo de InnovaCare, alertó que se utilizan cálculos errados sobre la cobertura que necesita Puerto Rico. A esto, Scott le pidió preparar un documento en el que incluya la fórmula actual versus cómo estima que debería ser, para él dar seguimiento.

“Estamos muy optimistas por el dinero de Vivienda federal (HUD), pero ya ha pasado un año y medio desde el huracán María. La gente ya está construyendo a su forma, sin código. Necesitamos su ayuda”, afirmó, por su parte, Nory Rivera, directora ejecutiva de la Asociación de Constructores, sobre la lentitud en el desembolso de fondos de reconstrucción. 

Los primeros $1,500 millones de CDBGDR fueron liberados este pasado fin de semana. Rivera levantó bandera, además, sobre la disparidad en las tarifas de alquiler que se utilizan para los vales de Sección 8, ya que en las Islas Vírgenes Estadounidenses a una familia se le autorizan $1,200 de renta por el mismo espacio que en Puerto Rico recibe $750. Por su parte, el presidente del la Asociación de Contratistas Generales (AGCPR), Alejandro Abrams, denunció que FEMA ya ha recortado partidas de fondos prometidos y ha cambiado constantemente la interpretación de guías. Con esto coincidió Carlos Mercader, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, quien explicó los pormenores a Scott.

Ante esta denuncia, el senador se comprometió a indagar por qué FEMA revirtió su decisión previa de autorizar proyectos que mejorarían instalaciones destruidas por el huracán, en vez de sencillamente construirlas tal como estaban antes del desastre. Por el lado de la Asociación de Industria Farmaceútica, conocida como PIA, la petición fue explorar cómo menguar los golpes que la reforma tributaria federal supone para las multinacionales de este sector. En la mesa también hubo representantes del Colegio de CPA, MIDA, del comercio al detal y hoteles, entre otros.

Fuente: El Nuevo Día

Una nueva fuerza laboral

4 de febrero de 2019 – Recién se ha materializado una alianza entre el sector privado y el gobierno para adiestrar a jóvenes que interesen trabajar en la industria de la construcción. Esto constituye un paso de avance, en el cual el sector privado juega un importante rol contribuyendo en adiestrar futuros trabajadores en las destrezas que nos hacen falta en el sistema público de enseñanza de Puerto Rico.

Previo a la debacle económica, en la industria de la construcción, típicamente las destrezas se pasaban generacionalmente. La contracción de la industria produjo que este proceso se interrumpiera. Además, nuestra fuerza trabajadora se redujo de cerca de 100,000 empleados a fines de los años 90 a meramente 29,000 en agosto de 2017. El paso de los huracanes en septiembre de 2017 catapultó la necesidad de posiblemente hasta 150,000 trabajadores en nuestra industria. A fines del 2018, el número de trabajadores en la industria de la construcción había aumentado a aproximadamente 45,000.

Queda mucho por hacer. Es por lo que hace sentido entrenar personas para que puedan comenzar a trabajar en la construcción. Más que un esfuerzo desde el sector que los empleará es importante lograr que nuestros jóvenes aprendan las destrezas que nuestra industria necesita.

La Asociación de Constructores de Puerto Rico junto a la Asociación de Contratistas Generales de América Capítulo de Puerto Rico y Caribbean Project Management han unido esfuerzos precisamente para contribuir a este propósito. Mediante un proceso de identificación de interesados, adiestramiento, certificación y reclutamiento se pretende aumentar la capacidad de nuestra fuerza trabajadora. Esta herramienta permitirá que nuestros trabajadores obtengan una certificación reconocida nacionalmente y la cual es otorgada por el “Home Builders Institute” (HBI) o el “The National Center for Construction Education and Research” (NCCER). En conjunto a la obtención del diploma de escuela secundaria, este adiestramiento añadirá valor a nuestros jóvenes toda vez que estarán listos para entrar a la fuerza trabajadora al momento de graduarse. La meta es comenzar con 2,100 jóvenes este semestre académico.

Además, con este esfuerzo aumentaremos la capacidad de la industria de la construcción local. El aumentar nuestro recurso más importante, el humano, ayudará a ejecutar los proyectos de la reconstrucción en el tiempo en que la ley requiere que se utilicen los fondos.

Por otro lado, esperamos lograr mejorar las cifras de empleo y participación laboral al dar la posibilidad que los graduados puedan emplearse en un corto tiempo. No es la primera vez que se da este tipo de esfuerzo. En múltiples estados de la nación (i.e. Florida, Texas, Nuevo México, etc.) existen alianzas para entrenar la fuerza laboral en la construcción.

También, se ha utilizado en programas del Departamento del Trabajo Federal como el “Job Corps”.

Resulta interesante que, en la ciudad de Medellín, Colombia, se hicieron esfuerzos en alianza entre la empresa privada y el gobierno para readiestrar jóvenes que se habían involucrado con el narcotráfico.

En resumen, la primera etapa de este esfuerzo es la respuesta de la industria a la necesidad de aumentar nuestras capacidades para reconstruir a Puerto Rico. En la educación de la fuerza laboral en distintos sectores podremos añadirle valor al sistema y obtener las destrezas que los diferentes sectores de la economía requerimos.

Además, ayudaremos a mejorar las posibilidades de nuestros jóvenes a tener mejor calidad de vida. Gracias a la secretaria de Educación, Julia Keleher, por creer en esta iniciativa y lograr ejecutar el programa en alianza con el sector privado. Manos a la obra.

Fuente: El Nuevo Día, columna escrita por Ing. Emilio Colón Zavala

Capacitación de miles de estudiantes para la industria de la construcción

31  de enero  de  2019 –  (SAN JUAN, PUERTO RICO) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó que 84 maestros del Departamento de Educación (DE) recibirán un adiestramiento para impartir un curso de 160 horas de construcción básica, con el fin de certificar a 2,100 estudiantes del nivel superior con credenciales de construcción.

El adiestramiento a los maestros se llevará a cabo durante el mes de febrero por un periodo 80 horas y los cursos para los estudiantes seleccionados se impartirán durante el mes de mayo.

“Puerto Rico necesita de amplia mano de obra que esté capacitada para aportar a la reconstrucción. Tenemos las herramientas de instrucción, pero aún hacen falta personas comprometidas para llevar a cabo la labor de manera responsable”, sostuvo el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares añadió que “este esfuerzo del Departamento de Educación en colaboración con otras entidades ayuda a adiestrar a nuestros estudiantes para que también formen parte de la reconstrucción del futuro. Auguramos que estos talleres serán de gran ayuda para su desarrollo profesional”.

El propósito de esta capacitación es preparar a los jóvenes para adquirir un empleo basado en las necesidades de la industria de la construcción e incluye cursos en reglas de seguridad en el empleo, así como matemática, dibujo y conceptos básicos de construcción.

También se certificarán diez horas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) y se ofrecerán adiestramientos sobre destrezas de comunicación y empleabilidad, power tools, hand tools, desarrollo de conocimiento de código de construcción, discusión de permisología y regulaciones de construcción.

De igual forma, se desarrollará conocimiento para trabajar con propiedades históricas y se discutirán la Ley 161-2009 para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico y la Ley 135-1967.

Por su parte, la secretaria del DE, Julia Keleher, sostuvo que “esta iniciativa es de gran impacto para nuestros jóvenes, pues estamos creando empleos de alta remuneración para ellos al tiempo que los estamos capacitando. Es necesario fomentar alternativas de empleos que brinden herramientas para que nuestros jóvenes puedan ir desarrollándose”.

Estos adiestramientos se ofrecen por medio de la Secretaría de Educación Ocupacional y Técnica del DE, la cual formalizará un contrato con HBA of Puerto Rico Community Development Corp., entidad sin fines de lucro de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), que se ha aliado en este esfuerzo con el Caribbean Project Management (CPM) y la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico.

El secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica, Héctor Sánchez, expresó que “continuamos identificando oportunidades para que los estudiantes tengan empleos que le ofrezcan estabilidad económica y que los estimulen a seguir ampliando conocimientos y destrezas para su éxito en el mercado laboral”.

La iniciativa será de beneficio para estudiantes de la corriente regular, así como para estudiantes del programa de Educación Especial, quienes podrán prepararse para un empleo al completar el adiestramiento y tener una mejor oportunidad para ubicarse en un empleo con una remuneración de $15 por hora.

Se informó además que la HBA of Puerto Rico Community Development Corp. se ha comprometido a ubicar en un empleo inmediato en la industria de la construcción a los 2,100 estudiantes adiestrados y certificados, y quienes devengarán un salario de $15 la hora.

Por su parte, el presidente de la ACPR, Emilio Colón Zavala, sostuvo que “el sector privado ha logrado una concertación de esfuerzos para encaminar una alianza con el Gobierno que resulte en obtener una fuerza laboral adecuadamente adiestrada y certificada para trabajar en la construcción. No solo estamos sugiriendo soluciones, sino que también estamos participando de su implantación”.

Colón Zavala agregó que “agradezco a la secretaria Keleher la oportunidad de poder participar en un esfuerzo que redundará en añadir valor a la educación de nuestros jóvenes. Además, gracias a Caribbean Project Management y a la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico, por participar en alianza con nosotros en este histórico esfuerzo”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en inglés), Omar J. Marrero, indicó que “un nuevo Puerto Rico solo es posible si la reconstrucción está en nuestras manos. Durante diciembre y enero tuvimos la oportunidad de realizar los talleres de Así Construimos, en los cuales ofrecimos una certificación de 15 horas para las personas de nuevo ingreso a la industria de la construcción y donde sobre 3,000 personas recibieron su certificación”.

Marrero también manifestó que “ahora, con la iniciativa de la secretaria de Educación, seguimos aumentando las manos diestras que están disponibles y deseosas de participar en la reconstrucción de la Isla. La Administración Rosselló Nevares se ha asegurado de que todos los puertorriqueños tengan la oportunidad de obtener las herramientas necesarias para ser los protagonistas de un Puerto Rico más fuerte y resiliente”.

Asimismo, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, respaldó la iniciativa y expresó que “Puerto Rico se encuentra en un momento histórico en que todas las ayudas y oportunidades cuentan para reconstruir la Isla y lograr como equipo el desarrollo y crecimiento económico sostenible que necesitamos”.

Laboy Rivera añadió que “las estadísticas del Banco de Desarrollo Económico y la Junta de Planificación evidencian un aumento constante en el año 2018 —al ser comparado con el año anterior— en los renglones de venta y producción de cemento, así como en la adquisición de viviendas nuevas o existentes. Aún nos queda camino por recorrer en la reconstrucción y oportunidades como la que ofrece el Departamento de Educación son un paso en la dirección correcta”.

Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, indicó que esta iniciativa une esfuerzos entre el sector privado y el público para insertar a nuestros jóvenes en la fuerza laboral.

“Necesitamos mano de obra para el sector de la construcción y esta es una gran oportunidad para la nueva generación de trabajadores. Esfuerzos conjuntos como este aumentan las posibilidades de un empleo seguro para nuestros jóvenes con un salario básico atractivo”, puntualizó Saavedra Gutiérrez.

El titular del DTRH también añadió que “la capacitación y certificación en el campo de la construcción, les abrirá las puertas para la formación técnica o universitaria en carreras y profesiones relacionadas, incluso con la oportunidad de adquirir experiencia inmediata. Al mismo tiempo ampliamos el banco de recursos locales para los creadores de empleos”.

La certificación se impartirá en 84 centros de capacitación; habrá 12 centros establecidos en cada una de las siete regiones educativas del DE. En el mes de junio se continuará con certificaciones por especialidad, como la carpintería.

Dichos centros fueron seleccionados en cumplimiento con los requisitos de accesibilidad, seguridad, capacidad de operar y laboratorios disponibles para hacer las prácticas. Es importante destacar que, aunque la mayoría sean escuelas vocacionales, no será necesario el requisito que regula las escuelas vocacionales en el manual de política pública.

La inversión total del proyecto es de $1.2 millones e incluye servicios del program manager; adiestramiento y cargo de la certificación para los 84 maestros y 2,100 estudiantes seleccionados; módulo de adiestramiento en carpintería; kits de herramienta para 1,050 estudiantes; y la nómina de maestros.

Se espera que la industria de la construcción tenga la necesidad de adiestrar cerca de 100,000 personas. En la medida que se identifiquen y lleguen fondos para adiestramiento del DDEC y otras fuentes, se podrá ampliar la oferta para que más estudiantes obtengan esta certificación y otras necesarias en la industria de la construcción.

Los seleccionados tendrán la ventaja de poder desarrollarse en un currículo basado en las necesidades de la industria de la construcción y la carpintería para competir con conocimiento hacia una ocupación en la industria de la construcción.

Asimismo, obtendrán capacitación con proveedores de alto reconocimiento y prestigio dentro de la industria de la construcción, tales como: CPM Academy, Building & Construction Trade Expertise mediante la AC y la AGC, la HBI —que es proveedor de certificaciones y reconocida a nivel nacional— así como auspicio de entidades acreditadas como la GB Gypson Board & Art Institute y la National Center for Construction Education and Research (NCCER).

Los jóvenes interesados en participar y obtener esta credencial deben acceder a http://bit.ly/constructiontradepr o llamar a la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica a los teléfonos 787 773 6688 y 787 773 6637.

Joint efforts to train students for the construction industry

January 31, 2019 – HBA of Puerto Rico Community Development Corp., a non-profit organization affiliated to the Puerto Rico Builders Association (PRBA), with the collaboration of Caribbean Project Management and the General Contractors Association – Puerto Rico Chapter – formalized an alliance with the Puerto Rico Department of Education to train and certify approximately 2,100 high school students so that they can enter the construction workforce development.

These courses, which will be offered through the Department of Education’s Occupational and Technical Education Division, will prepare those students to acquire a job based in the construction industry needs. It includes courses on job safety, mathematics, construction drawing and basic concept areas. After successfully completing the training, they will earn a high school diploma, a nationally recognized core construction certificate, a 10-hour OSHA construction training certificate and a certification of compliance with Governor Rossello’s Executive Order 2018-033.

84 TEACHERS FROM THE DEPARTMENT OF EDUCATION WILL BE TRAINED TO TEACH BASIC CONSTRUCTION COURSES IN SCHOOLS. THE GOAL IS TO CERTIFY 2,100 HIGH SCHOOL STUDENTS WITH CONSTRUCTION CREDENTIALS.

These nationally accredited construction certificates are issued from the Home Builders Institute (HBI) and the National Center for Construction Education and Research (NCCER) and will be valid throughout the United States. For this semester, HBA of Puerto Rico Community Development Corp. will offer the core course and the carpentry training. We expect to expand to other trades for the next school year in other much needed industry areas. This program will add value to the public-school system as students wanting to work in the construction industry will graduate ready to be inserted in the workforce. Our partnership will donate time for mentorship, raise funds to hand graduates tools and offer required on the job training opportunities. HBA of Puerto Rico Community Development Corp., has been contributing for the past months with all the technical and curriculum requirements that the Department needs.

This continuous contribution includes mentorship and knowledge transfer, of a voluntary nature, which is necessary to achieve results with students. In addition, it will establish a system of placements where it will promote direct access between young people and the employers of the construction industry once the educational workshop finalizes.

Workforce Development Initiative

January 30, 2019 – HBA of PR Community Development Corp., a not for profit organization of the Puerto Rico Builders Association (PRBA), unveiled a workforce development and readiness program for the construction industry. It was unveiled by our Chairman, Emilio Colón-Zavala, PE, at the Clinton Global Initiative’s Action Network Post-Disaster Recovery summit held in San Juan on January 30. Also, it was announced by the Puerto Rico Secretary of Education, Julia Keleher, on January 31.

The initiative represents a partnership between the public and the private sector to increase human resource capacity in the construction sector for the projects that will be needed in the coming years. It is estimated that approximately 22,000 students graduate from public schools every year. This initiative would have a potential to produce around 2,100 students in the first semester of the program.

Our goal is to implement an industry recognized certification process in order to accomplish goals and have qualified personnel in our projects. We have secured two certification processes that are nationally recognized; Home Builders Institute (HBI) and National Center for Construction Education and Research (NCCER). We are pursuing courses to be certified by Puerto Rico’s building official in compliance with EO-2018-033. This represents a private industry solution in order to be able to have enough human resources to perform the reconstruction work that will be needed in the coming years. Also, the proposed course will produce better employment opportunities for our students by giving them access to a nationally recognized construction workforce certification. Finally, part of the program will include a process to ensure graduates access to employment opportunities at the end of their training. We will be training and certifying 84 teachers from the public schools’ system after translating and adapting the curriculum to our requirements. Then, we will train students who opt into the program. The approximately 2100 we expect to graduate in May from the program will receive; high school diploma, core course certification from HBI or NCCER, OSHA 10-hr course, and a certificate in compliance with Executive Order 2018-033 that would qualify the student for the higher minimum wage on publicly financed projects. There will be a carpentry certification course during the month of June for those who want to be trained as such. Next semester, we expect to deploy additional trades into the program. This proposal is an alliance with the Puerto Rico Department of Education (DE) for a construction workforce development program. We have secured a partnership between our organization, Caribbean Project Management and the Associated General Contractors of America Puerto Rico Chapter.

Image: José González Espinosa, from Marriott; Emilio Colón-Zavala PE, PRBA’s President; David Bogaty from Worldnet, William Jefferson Clinton, Julia Keleher, Puerto Rico Secretary of Education, and Christine Scanlan, from Keystone.

Opportunity Zones and How to qualify for CDBG-DR funds

January 30, 2019 – These were two of the seminars that the Puerto Rico Builder’s Association (PRBA) recently offered as part of its continued compromise with its members and all professionals from the island in way to keep them informed on new challenges and opportunities.

Opportunity Zones Seminary

The Puerto Rico Builders Association (PRBA) in collaboration with the Puerto Rico Chamber of Commerce presented the Opportunity Zones Seminar. The agenda of this seminar ratified the importance of the construction industry’s role in the reconstruction of Puerto Rico. With the collaboration of local and international firms, the PRBA provoked an in-depth conversation on the opportunities the recent natural disasters brought. The attendees had firsthand information on the government master plan by the Governor Chief of Staff, Raúl Maldonado, Esq., and the Secretary of the Department of Economic Development and Commerce, Manuel Laboy, PE. The Opportunity Zones on Real Estate topic was also discussed with the collaboration of Rafael Rojo, CEO and Chairman of VRM Companies; the executive director of the Public-Private Partnership Authority, Omar Marrero Esq., and the president of PRISA Group, Federico Stubbe Jr.

Opportunity Zones on New and Existing businesses were also explored at this seminar with the participation of the Chief Investment Officer for LifeAfar, CPA. Eric Berman, the Chief Risk Officer for the Regional Opportunity Outcome Fund, Lorne Joseph, the General Director for Ramírez & Co., Fernando Viñas and the Senior VP and Corporate Credit Division Manager at Banco Popular, CPA Jorge Aldarondo.

Relevant information on How to Establish Alliances on Opportunity Zones were also provided. Mike Eickhoff, Managing Director, Credits and Incentives from Kevane Grant Thorton alongside other investment funds manager collaborated on providing relevant information to all attendees.

How to qualify for CDBG-DR funds

With the participation of over 250 attendees interested in obtaining information on How to Qualify for Community Development Block Grant-Disaster Relief (CDBG-DR) funds, the Puerto Rico Builders Association offered a seminar in which the specific requirements for were discussed. Michelle Foster who serves as VP, Innovation Services for Home Innovation Research Labs where she oversees NGBS Green, the certification program based on the National Green Building Standard ICC/ASHRAE – 700 contributed by developing a conversation on the Sustainable Construction requirements and the National Green Building Standard. Luis Carlos Fernández, Esq. from the Puerto Rico Housing Department, shared relevant information on the Qualification Requirements for Existing and Newly Built Homes. The seminar also included the participation of the PRBA chairman, Emilio Colón-Zavala, PE, who deepened on the importance of the Building Code Considerations, The Resilient Construction Standard and Green Building Standard.

Rebuilding a Puerto Rico Barrio: ‘Dead Is the Only Way They’ll Ever Get Me to Leave’

Victor Manuel Torres raised one hand, about waist level, indicating how high the sea rose in his house during Hurricane Maria last year.

Then, with his other hand, he lifted a rusty machete. At 77, he has lived for more than half a century in a barrio called Vietnam, abutting San Juan Harbor. For nearly as long, municipal authorities have tried to evict him.

“This is how I have held them back,” he told me, waving the machete. “The storm was a passing shower compared to what we have survived here.”

Today numbering some 250 families, Vietnam began like many barrios in Puerto Rico. Laborers lured from the countryside during the island’s postwar industrial boom established a squatters settlement. The harbor was a bustling site of factories, military bases and jobs, but nobody had supplied housing for workers. So the workers did it themselves.

They cleared a swath of mosquito-infested mangroves and cobbled together what were at first rickety shacks that sank time and again in the mud and rain. When the shacks didn’t collapse on their own, the police would come and tear the houses down, hoping to force residents out. The pattern continued even as the houses became cinder block and concrete and the settlement grew into a neighborhood.

By the 1970s, the quagmire of conflict gave rise to the name Vietnam.

For residents, it became a badge of honor.

Now, as the federal government prepares to spend an unprecedented $20 billion to repair neighborhoods across Puerto Rico that were ravaged by the Category 4 storm, the goal of finally replacing Vietnam’s besieged warren of cinder block houses with a flourishing community capable of weathering the hurricanes of the future seems at once more urgent and less likely than ever.

The reasons have to do with basic concepts like home and safety — things that might seem straightforward, but are not so easily defined here.

Much of the island’s population lives in areas, like this one, that are vulnerable to floods and landslides. Thanks to the historical patchwork of homes built and exchanged informally across generations, nearly half of all residents, according to studies, lack the clear titles to their properties that would allow them to take out housing reconstruction loans, sell their properties legally and move to safer neighborhoods.

With crippling debt and a poverty rate that is double Mississippi’s, Puerto Rico has tried to resolve these problems on its own for years, without success.

The billions set to be spent by the federal Department of Housing and Urban Development in the coming months for an island where more than 90,000 homes were destroyed represents the largest such grant in the history of federal disaster relief efforts. Hoping to make the most of it, Puerto Rico’s governor has come up with the outlines of a proposal for new development across the 110-mile-long island.

The proposal promises nobody will be forced to move. But there’s a catch. Because of federal regulations, those living in flood-prone areas won’t be given any public money unless their homes comply with flood-protection standards.

Complying with regulations that require elevating houses, employing licensed contractors, providing wheelchair access and using only certain materials can be just too costly for many Puerto Ricans — more costly than the value of their homes. This means hundreds of thousands living in barrios like Vietnam will not get assistance.

As an alternative, they will be offered titles to free new apartments elsewhere.

If they are available. The plan is vague. It wagers that, provided with enough incentives, for-profit developers will build the necessary housing and infrastructure, bringing crucial jobs with them.

But that’s a gamble. Over the last century, Puerto Rico has produced landmark social housing projects like El Falansterio in San Juan, an Art Deco-detailed waterfront complex from the 1930s that, all these years later, remains a thriving community and a model of elegant, humane design.

Unfortunately, anyone who knows about rising construction costs, the island’s crippled bureaucracy and its legacy of failed projects, and the federal government’s looming deadlines for spending reconstruction money also knows that the only things that may actually end up getting built are sprawling, quasi-suburban projects on cheap, shovel-ready agricultural land, uncoordinated with services and transit.

“People usually opt to preserve their communities and ties to the land, even if it means living in harm’s way,” points out Eric Klinenberg, a sociologist at N.Y.U. whose specialty is social resilience. “They have seen enough projects go wrong to suspect that they’re better off risking the next big storm and staying home, where at least they have friends and family nearby.”

Carmen Ayendez, who lived in Vietnam much of her life, said her father four years ago took up the government’s offer of a new home in Sunset Harbor, one of three housing projects built by the municipality of Guaynabo — Vietnam straddles Guaynabo, a mostly prosperous district outside San Juan, and the adjacent municipality of Cataño — with the purpose of relocating Vietnam’s residents.

When her father died two days after signing the new lease, Ms. Ayendez took over the house. But shortly after moving, she started waking in the night, unable to breathe.

It turned out the new house was plagued by mold. Ms. Ayendez hasn’t been able to get rid of it. When Maria hit, her roof cracked. She was supposed to be safer in Sunset Harbor.

“I preferred living in Vietnam,” she said. “I built my own house there on a piece of land that my dad gave me when I was 19. It was a wooden house. It had bats and worms, but not mold. I had my friends and neighbors. The roof wasn’t very secure, but it was home.”

To protect its residents from evictions and gentrification, San Juan’s largest barrio, on the banks of the Martín Peña canal, has been operating as a community land trust for some years. It ensures everyone in the barrio has rights, a stake and a say. The trust has negotiated voluntary relocations where the clogged, polluted and frequently overflowing canal needs to be dredged or widened and homes get in the way.

Evelyn Quiñones, 63, one of the community’s leaders, showed me the house she agreed to move to a few years ago, on a street just outside the barrio. The decision to leave wasn’t easy, she said. It made all the difference that the choice to move was hers, the new house was in good shape — and that her relocation improved conditions for people inside the barrio.

“I return to the old neighborhood every day,” she said. “The new house is bigger and I feel safe there. But these are not my people.”

Through the generations, the community of Vietnam has similarly bonded over its common enemies, meager resources and views of the harbor, which have also insured that moneyed interests continue scheming. During the early 2000s, the mayor of Guaynabo, in league with developers, started expropriating properties to make way for luxury villas.

Neighbors banded together, sued and won.

“Just because you don’t have a title to your property and you are poor doesn’t mean the government shouldn’t work with you to improve your neighborhood,” said Carmen Yulín Cruz, San Juan’s mayor. She worries about the current approach.

So does Ricardo Álvarez-Díaz, former president of the Puerto Rico Builders Association. “My fear is we will build houses for the sake of building houses where people don’t want to live,” he said. “People don’t just need houses. They need communities. The hurricane proved this.”

“It was the communities not FEMA,” he added, referring to the Federal Emergency Management Agency, “that saved most people.”

After Hurricane Maria, Mr. Torres replaced the zinc roof that blew off his home in Vietnam. A stack of bamboo washed ashore during the storm and he used it to fashion a chair, now perched on his patio, facing the harbor.

He said he would gladly accept money from the federal government to fortify his house. But, with or without it, he’s content just to sit in his chair and watch the sun set over the harbor. He is not moving.

“Dead is the only way they will ever get me to leave,” he said. “Maybe not even then.”

Source: https://www.nytimes.com/2019/01/20/us/rebuilding-puerto-rico-hurricane-maria.html