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Más de la mitad de las casas en Puerto Rico se construyeron sin permisos

23 de julio de 2018 –  Se entiende por informalmente, subrayó, el “no haberse construido siguiendo los procesos requeridos para obtención de permisos en Puerto Rico”.

“Esto se vio reflejado en la cantidad de viviendas que resultaron afectadas a consecuencia del paso del huracán María por Puerto Rico”, indicó Emilio Colón, presidente de la ACPR.

El proyecto Viewpoint está concebido en el área urbana de Hato Rey, a pasos de una estación del Tren Urbano por lo que contribuirá además al nuevo desarrollo de las áreas circundantes.

Colón mencionó que concuerda con la evaluación presentada por el Coordinador de Revitalización de la Junta en la que se indica que el proyecto contribuirá en atender el deterioro de la infraestructura.

Añadió que es importante replicar este tipo de proyectos que contribuyan a la revitalización y promuevan el uso mixto de propiedades inmuebles cerca de los centros urbanos en distintas partes de la isla.

Finalmente, Colón recordó lo importante que es mantener la certeza de la inversión y la finalidad de los permisos otorgados por las agencias con injerencia.

“Se ha recorrido un largo camino desde la aprobación de la Ley 161 del 1 de diciembre de 2009, y con su enmienda más reciente la Ley 19 del 2017. Para nuestra recuperación económica, y de los desastres del año pasado, esta certeza será clave para maximizar beneficios”, concluyó.

La Asociación de Constructores (ACPR) de Puerto Rico calificó hoy de “muy importante” y “significativo” que el primer proyecto que la Junta de Supervisión Fiscal designa como proyecto crítico sea el proyecto de vivienda Viewpoint, quiena demás reveló que el 55% de las viviendas construidas en Puerto Rico se han realizado “informalmente”.

La decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es “acertada” ya que este proyecto “permitirá comenzar” por proveer 130 unidades de vivienda seguras y asequibles a familias tanto de escasos como de moderados recursos en la isla, dijo la ACPR en un comunicado.

Estudios de la ACPR demuestran que el 55 por ciento de las viviendas construidas en Puerto Rico se han realizado “informalmente”.

Fuente: https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/nota/masdelamitaddelascasasenpuertoricoseconstruyeronsinpermisos-1293898/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1532358516

Cambiar alambres en la AEE

18 de julio de 2018 – Einstein decía que no se pueden resolver los problemas con la misma mentalidad que los creó. No hay cita más cierta para describir lo que nos pasa con nuestra infraestructura de energía eléctrica. Hoy más que nunca es muy importante aceptar nuestra realidad y enfocarnos en soluciones que redunden en finalmente tener un sistema de energía eléctrica confiable, resiliente.

Esto se nos ha sugerido por las autoridades desde, al menos, el paso por Puerto Rico del huracán Georges. Toda vez que hemos tomado la decisión correcta de transformar nuestro sistema de energía eléctrica, es necesario tomar las acciones necesarias para lograr la visión de una sociedad más competitiva. Hay que tener la disciplina como sociedad de lograr el cambio que tanto hemos solicitado. Dejemos atrás el “not in my backyard” por velar que se logren los objetivos. Según la publicación Electric Light and Power, en 2014 la compensación promedio de los principales ejecutivos de suplidores de energía eléctrica era $5.8 millones anuales. Sí, cinco millones ochocientos mil dólares por año.

Gran parte de estas compañías son, en términos de volumen de negocios, similares a la Autoridad de Energía Eléctrica. Debido a nuestra condición de archipiélago, tendríamos que compararnos con Hawái, donde el volumen de negocios es de $2,250 millones (en PR es $3,400 millones) y la compensación de su principal oficial ejecutivo es de $3.091 millones. Precisamente una corporación como la AEE, que a pesar de ser un monopolio público está en quiebra, necesita ejecutivos experimentados que puedan lograr la transformación. Si queremos continuar pensando en compensar con $150,000 a una persona que esté a cargo de resolver este problema monumental, podríamos asumir que lograremos los mismos resultados que hasta hoy hemos obtenido. Puerto Rico necesita el mejor talento al mando de la AEE para poder lograr nuestros objetivos, aunque haya que buscarlo afuera.

Para ello tenemos que estar dispuestos a compensar ese talento, tener métricas claras, supervisión adecuada y dejar que las personas nombradas hagan su trabajo sin las consabidas influencias indebidas. En Puerto Rico tenemos una clase profesional muy sofisticada y preparada.

Sin embargo, debido a nuestro trasfondo, no necesariamente tenemos la experiencia manejando el modelo de negocio energético al que aspiramos. Nos hace falta un administrador más que un ingeniero. Por esta razón es importante tener la oportunidad de obtener la transferencia de conocimiento necesaria para lograr nuestros objetivos. Hace falta un modelo de negocio energético sostenible y a la altura del Siglo 21, uno en que la generación esté distribuida. Además, debe tener fuentes de generación diversas y que cuando haya un desastre natural se conecten los generadores que estén habilitados sin importar quién es su dueño.

La conversación acerca de las soluciones ha comenzado. Debe ser multisectorial y llevar a consensos en los que la actitud no sea de unos estar de acuerdo con el cien por ciento de lo que digan otros. Hay que dejar atrás el tribalismo y lograr unidad de propósito. Al final del día, para poder construir nuestro futuro, el plan debe ser a largo plazo y no estar sujeto al vaivén electoral al que ya estamos acostumbrados.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/cambiaralambresenlaaee-columna-2435876/

Asociación de Constructores de Puerto Rico se expresa sobre necesidad de acuerdos entre las ramas de gobierno y la JSF

9 de julio de 2018 – La Asociación de Constructores de Puerto Rico, hizo un llamado en torno a la necesidad que las ramas de gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal lleguen a acuerdos para lograr que Puerto Rico regrese a la ruta de la recuperación económica y fiscal.

“La designación de una Junta de Supervisión Fiscal es una realidad ineludible que cambió la forma de gobernar a Puerto Rico. Es hora de que aceptemos este hecho y que nuestros funcionarios electos puedan lograr acuerdos con la Junta. La confrontación continua sólo retrasará la recuperación de nuestro crecimiento económico”, expresó el Presidente de la ACPR, Ing. Emilio Colón Zavala

La ACPR destaca que la quiebra es un campo ocupado por el gobierno federal y validado en varios casos ante el Tribunal Supremo, incluso en Puerto Rico. Además, en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos que se han declarado en quiebra, se han nombrado entidades externas para actuar como síndico siendo sus ejemplos más destacados las ciudades de Washington DC y Detroit. Las funciones de la Junta de Control Fiscal en Washington DC se extendieron por seis años mientras que la de Detroit duró poco más de cinco años al poderse recuperar las finanzas públicas.

La Ley Federal PROMESA les dio el poder a los territorios de declararse en quiebra aun cuando los estados de la unión no tienen esa facultad. Los procesos bajo el Título III se permiten luego de poder demostrar que las negociaciones entre las entidades cubiertas y los acreedores hayan sido infructuosas.

“A dos años de firmada la ley federal PROMESA, y nombrados los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, algunos aún no aceptan las consecuencias de la quiebra. Exhortamos a que los funcionarios electos encuentren la manera de trabajar en equipo en vías de lograr medidas que, aunque difíciles, nos regresen al camino de la prosperidad económica. Después de todo, no se pueden resolver nuestros problemas con la misma mentalidad que los creó.” Añadió el ingeniero Colón Zavala.

Piden fin a las disputas entre el gobierno y la Junta

9 de julio de 2018 – La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) urgió hoy al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal a alcanzar acuerdos en vez de prolongar las disputas que, a juicio de la organización, lentifican la recuperación económica y fiscal.    “La designación de una Junta de Supervisión Fiscal es una realidad ineludible que cambió la forma de gobernar a Puerto Rico.  Es hora de que aceptemos este hecho y que nuestros funcionarios electos puedan lograr acuerdos con la Junta.  La confrontación continua sólo retrasará la recuperación de nuestro crecimiento económico”, expresó el presidente de la ACPR, Emilio Colón Zavala, en declaraciones escritas.

La ACPR recalcó que la quiebra es un campo ocupado por el gobierno federal y así se ha validado en casos ante el Tribunal Supremo, incluso en Puerto Rico. Además, recordó que  en todas las jurisdicciones de Estados Unidos que se han declarado en quiebra, como Washington DC y Detroit, se han nombrado entidades externas para actuar como síndicos. En el caso de la capital federal, las funciones de su Junta de Control Fiscal se extendieron por seis años, mientras que la de Detroit duró poco más de cinco años.  En el caso de Puerto Rico, la ley federal PROMESA le confirió al territorio  la facultad de declararse en quiebra al amparo de su Título III. Sin embargo, Colón Zavala lamentó que dos años después de firmarse la ley y tener en funciones la junta fiscal, “algunos aún no aceptan las consecuencias de la quiebra”.  “Exhortamos a que los funcionarios electos encuentren la manera de trabajar en equipo en vías de lograr medidas que, aunque difíciles, nos regresen al camino de la prosperidad económica.  Después de todo, no se pueden resolver nuestros problemas con la misma mentalidad que los creó”, finalizó Colón Zavala.

La ACPR, fundada en 1951, representa a desarrolladores e inversionistas de proyectos de vivienda, comercial, oficinas. El Departamento de Hacienda rendirá informe a la Junta de Supervisión Fiscal NOTICIAS José Nadal Power aspiraría al cargo de comisionado residente en Washington NOTICIAS Carmen Yulín coincide con Trump sobre fondos federales NOTICIAS La Junta de Supervisión Fiscal ausculta interés del sector privado industrial y turismo, así como a suplidores, bancos, profesionales y empresas asociadas al desarrollo y la construcción en Puerto Rico.

Los costos de la construcción en Puerto Rico

25 de junio de 2018 – Uno de los más grandes retos que enfrentamos ahora es el alto costo de la construcción. Se estima que, hasta finales de mayo, los costos de construir han experimentado un alza de 25% en comparación al año anterior, por varias razones. Pero es importante destacar que dejar de construir no es una opción, por lo que resulta extremadamente necesario mitigar estos aumentos y tomar contingencias adecuadas para no afectar la viabilidad de proyectos. Los recursos, después de todo, son limitados, sobre todo para nosotros los ciudadanos.

En gran medida, el aumento en el costo de materiales está fuera de nuestro control. Por un lado, los desastres del año pasado (Texas, Florida, Islas Vírgenes, Antillas Menores, California y ahora Hawái) causaron que la demanda por materiales aumentara desproporcionadamente. Además, las recién impuestas tarifas de importación a los Estados Unidos de madera, acero y aluminio tendrán un impacto que ha comenzado a sentirse en el mes de junio. La inmensa mayoría de materiales de construcción que usamos en Puerto Rico son importados.

Por otro lado, la cantidad de trabajo de reconstrucción, que apenas comienza, ha creado una merma en la disponibilidad de labor para los distintos proyectos que ahora son necesarios. Además, la contratación de personal diestro, por parte de las agencias de respuesta (como FEMA), han tenido el efecto de aumentar los costos de mano de obra, aunque sea temporeramente. Es necesario establecer estrategias que logren aliviar estos aumentos, utilizando los factores que están bajo nuestro control e influencia. Uno de estos factores es precisamente el poder de DACO para fiscalizar que el aumento en los precios de materiales sea proporcional a los costos de los suplidores, además de ser razonables. Debemos pensar, además, en lograr una tasa preferencial del IVU equivalente al 5% por un periodo de tiempo determinado.

El cobro de IVU entre negocios (B2B) debe eliminarse. Además, debemos considerar revisar los arbitrios municipales. Igual con los cargos de exacción por impacto. En un sistema donde aproximadamente el 15% del precio de venta de una vivienda nueva corresponde a cargos gubernamentales, ciertamente hay tela de donde cortar. Existen otras herramientas que podemos considerar desde la empresa privada, entre ellas, podemos trabajar con cobertura de riesgos (“hedging”), para buscar ahorros en las compras. Otra forma podría ser aumentar el ahorro mediante las compras en bloque con varias entidades uniéndose para ello. Los costos de mano de obra son más complejos de resolver. Traer trabajadores de los estados resulta más costoso. Traer extranjeros es complejo, debido a las leyes y políticas migratorias del gobierno federal. De materializarse la cantidad de proyectos de reconstrucción y mitigación que se proyectan, tendremos que considerar solicitar al gobierno federal permiso para importar personal, e incluso, otorgar algunas licencias temporeras a profesionales cualificados.

Para nuestros ciudadanos indigentes, es importante que se les de acceso a diseños y a obras en cumplimiento con el código de edificación y los reglamentos aplicables. Por esto, es importante el utilizar a las universidades para que puedan asistir a las personas en estas acciones. Este tipo de clínica profesional ya existe en las facultades de derecho. No es necesario reinventar la rueda. Los problemas y soluciones expresados aquí afectan a toda la industria, tanto a proyectos privados como públicos. Luego de los huracanes del 2017, tenemos la oportunidad única de construir nuestro futuro. Trabajemos para promover el otorgamiento de ayudas y posibilidades con el fin de maximizar las acciones de ayuda dirigidas a nuestros más necesitados.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/loscostosdeconstruccionenpuertorico-columna-2430443/

Rechazan algunos cambios en el nuevo Código de Incentivos

12 de junio de 2018 – La Asociación de Constructores y la Cámara de Comercio expresaron hoy, martes, su rechazo a algunos de los cambios contenidos en el nuevo modelo de Códigos de Incentivos que van desde lo acelerado que ha sido el proceso de análisis hasta la eliminación de algunas exenciones necesarios para incentivar el desarrollo económico del país a través de los sectores que representan. Los Constructores, sin embargo, sí endosaron la extensión de decretos con tasa contributiva preferente para fomentar las construcciones de vivienda asequible. “El estímulo a la inversión y producción del sector de vivienda es apremiante a la luz de que los proyectos de vivienda de interés social

o asequibles, que actualmente están en construcción, han quedado huérfanos de incentivos ante las moratorias o cambios”, subrayó la contadora público autorizada María de los Ángeles Rivera en representación de la Asociación de Constructores. Según un análisis de la firma de Estudios Técnicos y cuyos resultados fueron incluidos en la ponencia de la Asociación de Constructores, el 60% de las familias no tienen el dinero para acceder a viviendas de $90,000, ya que sus ingresos no alcanzan los $15,000 anuales. Este sector representa el 13.3% de los hogares. A tales efectos, recomendaron cambios en la definición de “familia de ingresos bajos o moderados” como medida para ampliar la efectividad de los incentivos dirigidos a estos sectores de la población. “Los incentivos no van a ser efectivos en viabilizar que los individuos y familias puedan atender su necesidad de vivienda por la vía formal”, advirtió.  Al sostener que los incentivos otorgados a la industria turística representan uno de los retornos de inversión más positivos para el gobierno, Rivera defendió su permanencia o incremento versus la limitación propuesta.

Propuso que las operaciones de estacionamientos y casinos dentro de los hoteles se incluyan como actividad turística exente, según lo son en el presente; y que él único requisito para que un negocio nuevo de turismo sea considerado como tal sea que se invierta en la renovación o expansión más del 100% del precio de compra, dada la gran cantidad de hoteles cerrados tras María. La Cámara de Comercio, por su parte, esbozó cuatro preocupaciones principales ante la Comisión de Hacienda del Senado, siendo las    ✉ ⎙ NEGOCIOS Expertos aseguran que urgen ajustes a las leyes 20 y 22 Puerto Rico y Nueva York pactan promoción turística conjunta.

La Asociación de Industriales apoya el proyecto energético NEGOCIOS El retiro de Estados Unidos del tratado postal con China no tendrá gran primeras dos: que el proyecto no atiende los retos impuestos por la reforma contributiva federal ni incentiva actividades emergentes, como la tecnología blockchain y el cannabis medicinal. “El proyecto solo menciona someramente la tecnología blockchain para fines de exportación de servicios, pero no entra en el tratamiento contributivo de las monedas virtuales”, expresó la presidenta de la Cámara de Comercio Alicia Lamboy Mombille en ponencia escrita.

La tercera y cuarta preocupación son:  lo acelerado que ha sido el proceso y la falta de otorgación de información solicitada al DDEC sobre todos los modelos de retorno de inversión por industria que se prepararon.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/rechazanalgunoscambiosenelnuevocodigodeincentivos-2428034/

A mejorar nuestras comunidades

5 de junio de 2018 – El gobierno recién publicó el borrador del plan de acción para el uso de los primeros $1,500 millones asignados bajo el programa federal de Recuperación para Desastres con Fondos de Desarrollo Comunitario (CDBG-DR). El plan es un buen paso para la recuperación de las comunidades y presenta oportunidades para aquellas de ingresos bajos o moderados puedan preparase mejor para desastres naturales futuros. Se presenta en este plan una visión holística de recuperación en la cual se sugieren varias estrategias desde la planificación, rehabilitación, reconstrucción, realojo planificado, adquisición de vivienda, construcción de comunidades e infraestructura y desarrollo económico. Incluso, se incluye un programa para evitar que personas que el huracán le causó morosidad en sus hipotecas puedan retener su hogar. Ahora bien, hay quien insiste en que no hace falta construcción alguna debido a la “gran cantidad de vivienda vacante” que hay en la Isla. Se cita erradamente la encuesta de comunidades del Servicio del Censo de los Estados Unidos. Aunque la encuesta revela que hay 335,000 unidades vacantes, aquí se incluyen viviendas disponibles para el alquiler, vivienda para la venta, segundas viviendas, vivienda de temporada, estorbos públicos, vivienda sub estándar y otros. Luego de analizar los datos, existen aproximadamente 33,000 viviendas vacantes y disponibles para ser adquiridas. Por ende, plantear que hace falta solo aparear familias que perdieron su hogar con vivienda disponible es una visión simplista de las necesidades de nuestra población. Mucha de esta vivienda o no cumple con el código, no necesariamente está en lugares donde hay necesidad de vivienda o sencillamente no son apetecibles al mercado. Parte de la necesidad de vivienda creada por los huracanes del 2017 tendrá que ser suplida en cumplimiento con los reglamentos aplicables. Además de vivienda, existe una oportunidad de mejorar la infraestructura para comunidades. Se pueden establecer distritos de drenajes en alianza con los municipios,  SECCIONES + TRIBUNA INVITADA Por Emilio Colón Zavala   de modo que comunidades puedan establecer estrategias para mitigar daños por inundación; así como realizar proyectos de control de inundaciones y repagarlos con ingresos adicionales que los proyectos supondrán. Por otro lado, se puede trabajar con proyectos para cumplimiento con estándares de calidad de agua en sistemas de acueductos que no pertenecen a la AAA. Estos proyectos pueden ser subvencionados para que las comunidades tengan acceso a agua potable segura. Otra iniciativa podrá ser crear cooperativas comunitarias para que, aquellas que queden en lugares remotos, puedan tener microrredes para suplirse energía renovable. Este modelo se ha utilizado con éxito en otras jurisdicciones mediante diversificación de servicios e ingresos más allá de la energía eléctrica que puedan producir. Estos son algunos ejemplos de lo que se puede lograr con un programa de reconstrucción holístico con los recursos significativos asignados al país. Las asignaciones son las más grandes otorgadas a jurisdicción alguna en la historia de los Estados Unidos. Tenemos la oportunidad única de apoderar nuestras comunidades para lograr la resiliencia que tanto hablamos. Pensemos fuera de lo común para lograrlo.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/amejorarnuestrascomunidades-columna-2426321/

Es hora de comenzar la mitigación

1ero de junio de 2018 – Recientemente, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD) anunció la asignación de $18,400 millones para el programa CDBG-DR en una movida histórica para la nación estadounidense. Junto a las asignaciones anteriores de $1,500 y $9,000 millones, el programa tendría un total actualizado de $28,900 millones. Con estas asignaciones Puerto Rico cuenta con los recursos para lograr cambios significativos en el sector de vivienda. Luego de casi siete meses del paso del huracán María, se hace necesario que las iniciativas de mitigación comiencen a materializarse.

La construcción de vivienda en Puerto Rico se ha caracterizado por problemas de acceso a cumplimiento con los códigos que rigen esta actividad. Cerca del 55 por ciento, se realiza por la vía informal por una multiplicidad de razones. Estas construcciones sufrieron desproporcionadamente más daño por el paso de los huracanes del 2017 que las construidas formalmente. Datos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias(FEMA) apuntan a que el 98 por ciento de las viviendas que construyeron con sus debidos permisos tuvieron poco o ningún daño. Esto es independientemente del código de edificación que aplicaba al momento de la construcción. Estos datos solo refuerzan la importancia de construir en cumplimiento con los códigos de edificación y los reglamentos de planificación.

No nos engañemos, las cerca de 35 mil familias que perdieron su hogar, y las sobre 180 mil que tuvieron algún otro tipo de daño, necesitan resolver su problema habitacional.  Si no tienen los recursos para obtener (o construir) una vivienda formal y planificada acabarán haciéndolo otra vez de manera informal. Mientras más tarde lleguen las ayudas y los programas, mayores probabilidades a que se repitan nuestros problemas. Y lo peor es que ya esto ha pasado anteriormente.

Uno de los requisitos de las agencias federales para acceder los fondos asignados por FEMA o HUD es tener un código de edificación con requisitos de comportamiento similares a los promulgados por el código modelo del Consejo Internacional de Códigos (ICC) en su edición más reciente. Envolverse en la adopción de un nuevo código toma más de un año para hacerlo apropiadamente.

Por otro lado, debido a cambios en factores para calcular cargas en los códigos modelo del 2018 promulgados por el ICC, resulta que el código de edificación adoptado en Puerto Rico en el año 2011 es más conservador. Para obtener las presiones de viento correspondientes a 145 millas por hora especificadas en el código vigente, habría que utilizar velocidades de viento equivalentes a 190 millas por hora en el código propuesto. Gracias a esto, el código vigente cumple con el requisito antes expresado.

La Asociación de Constructores ha apoyado el que se acepte el código de edificación vigente como adecuado para propósitos de los programas de mitigación. El proceso de revisión que se lleva a cabo desde enero de esta manera podrá continuar su proceso normal sin presiones de tiempo adicionales.

Fuente: https://construccionelnuevodia.com/noticia/es-hora-de-comenzar-la-mitigacion/

Cómo maximizar beneficios de subvenciones federales

25 de mayo de 2018 – Recientemente se publicó el borrador del plan de acción para el uso de fondos de la primera asignación bajo el programa Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG, por sus siglas en inglés), para los primeros $1.5 billones asignados a Puerto Rico. Se trata de un plan abarcador, que representa un paso en la dirección correcta para atajar el problema de habitación en la Isla. Por lo tanto, es muy necesario que trabajemos para maximizar sus beneficios y evitar que se pierdan fondos.

En ese sentido, el plan de acción debe incluir como criterio de elegibilidad un ingreso familiar por año máximo de 120% del ingreso medio para la región para beneficiar principalmente a familias de bajos o moderados recursos y en cumplimiento con los requisitos establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). El requisito varía de acuerdo al municipio en que se encuentren las familias que sufrieron daños. Este ingreso se calcula de acuerdo a la encuesta comunitaria del censo, ajustado por varios factores como el índice de cambios a precios al consumidor de la nación estadounidense completa. Hacerlo por menos sería limitar los programas solamente a familias que estén bajo el nivel de pobreza nacional y limitaría mucho los beneficiarios de los programas.

Se incluye un programa de reconstrucción, rehabilitación y adquisición de viviendas afectadas. Este programa persigue la reparación de viviendas que hayan recibido daños menores al 50% del valor de la propiedad. Si los daños superan el 50% del valor, entonces aplicaría la reconstrucción de la vivienda o la adquisición de una en el mercado, sea nueva o existente (incluyendo reposeídas), si la propiedad queda en área susceptible. Es importante que estas reparaciones o construcciones cumplan con el código de edificación y se implanten medidas de resiliencia para mitigar daños por futuros desastres naturales. La adquisición de una unidad será mediante el otorgamiento de un vale para que los beneficiarios puedan comprar una vivienda de acuerdo a un inventario de unidades cualificadas por el Departamento de la Vivienda.

Por otro lado, se propone un programa para atender la morosidad en los pagos de hipotecas para evitar ejecuciones. Para beneficiarse de este programa, la morosidad debe haber sido causada por impactos del huracán María. Este programa ayudará con el pago de principal, intereses, impuestos y seguros por un máximo de 18 meses o $20,000. Se persigue con este programa la permanencia de los beneficiarios en su hogar. Para esta primera asignación, es importante resolver este problema de modo que se evite ejecuciones y reclamaciones a los seguros hipotecarios.

De acuerdo con el Estudio de Vivienda de la Asociación de Constructores, hasta junio de 2017 había 15,509 viviendas en proceso de ejecución. La moratoria a ejecuciones luego del huracán María vence en julio próximo. También, había cerca de 382,000 hipotecas con un valor promedio aproximado de $172 mil.

Para maximizar el número de familias a impactarse es importante que se evalúen los requisitos de elegibilidad de acuerdo a la mora en deudas hipotecarias. Si los requisitos de ingresos máximos son muy bajos, se limitará grandemente el número de beneficiarios.

Para ayudar con el problema de servicio confiable de energía eléctrica agravado desde el año pasado, se crea un programa para brindar acceso a resiliencia energética a personas de escasos o moderados recursos. Este programa brindará vales a beneficiarios para que puedan adquirir sistemas de energía renovable de suplidores e instaladores cualificados. El vale será por un valor máximo de $6,000.

Existen otros programas dentro del plan de acción que incluyen ayudas a Pymes y programas de orientación a la comunidad en cuanto a vivienda respecta además de entrenamiento a la fuerza laboral. Además, existen otras alternativas para mejorar nuestra infraestructura y desarrollo económico, que podrán tener incluso mayor impacto cuando se tomen en consideración las otras asignaciones realizadas por HUD.

Por primera vez tendremos una cantidad de recursos que nos ayudarán a construir un Puerto Rico mejor al que teníamos antes de los huracanes.

Fuente: https://www.elvocero.com/actualidad/c-mo-maximizar-beneficios-de-subvenciones-federales/article_7297a850-602b-11e8-b5f0-a76a20c2737a.html

Emilio Colón Zavala erige su ruta hacia una construcción segura

20 de mayo de 2018 – La industria de la construcción lleva más de 10 años en dramática contracción, y en el área de vivienda ha llegado a estar en modo de supervivencia. A las pocas horas de pasar el huracán María, se hizo evidente que para la recuperación de Puerto Rico iba a ser necesaria una reactivación potente de todo el gremio. Al ingeniero Emilio Colón Zavala le ha tocado dirigir una de las principales organizaciones de la industria, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), precisamente en esta coyuntura, que puede implicar el resurgimiento de lo que fue uno de los principales motores económicos de la isla. Pero para Colón Zavala, una bonanza verdadera requiere ayudar a “romper el círculo vicioso” de la reconstrucción informal e insegura, como pasó después del huracán Hugo y Georges. “Quiero que la percepción de la gente de cómo construir de manera adecuada cambie, que tengan las herramientas, que aprendamos del pasado y no repitamos los mismos errores”, expresó Colón Zavala.

Cuando a ocho meses del huracán miles de familias aún no tienen con qué mitigar o reconstruir sus viviendas dañadas, ¿cómo planifica concretizar su deseo de que menos personas resuelvan sin pensar en la seguridad de cara al próximo desastre?

Va a ser casi un trabajo de evangelización.

Cuando compras un mueble para montar, las instrucciones explican paso a paso con imágenes, no hacen falta ni palabras. Pero entonces la gente compra una ventana y no tiene ese manual. En las universidades con Escuela de Derecho hay una clínica legal. Si eres indigente,  alguien te va a ayudar a ir al tribunal. Tienes manera de hacerlo, tienes acceso. Pero eso no existe en la ingeniería y la arquitectura, cuando de la construcción depende la vida de mucha gente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En la ACPR tenemos conversaciones con la UPR (Universidad de Puerto Rico) para desarrollar un mecanismo similar con estudiantes, bajo supervisión profesional. Muchos negocios han sufrido también el embate de María.

¿Cómo les ha ido a los socios de la ACPR?

Con todo, ya ha habido cierta mejoría en la venta de vivienda. Nos empezamos a dar cuenta de que la gente empezó a ir a los proyectos más de los que iban antes. Con más tráfico, las opciones han aumentado también. Para algunos que temían adquirir una vivienda por la devaluación de las propiedades, se ha convertido en un tema de seguridad, no solo de precio. Llega gente con la carta de FEMA de que les concedieron ayuda individual y nos dice que no quieren reparar su casa, sino tener una nueva en otro lugar. Surgió la pregunta de si eso era siquiera posible. FEMA ha dicho que lo tratan caso a caso. Ahora, los que hacen trabajo en el gobierno han tenido problemas con el pago, como han denunciado los contratistas (de la Asociación de Contratistas Generales). Hay proyectos que se han postergado. Algunos están empezando ahora. Ha habido un desfase en gente que ha aplazado mejoras por los temas del huracán y es ahora que se está empezando a ver una mejoría en ese tema. ¿Les afectó la migración? —Algunos sacaron a su familia temporeramente, pero todos han vuelto a operar y están más o menos estabilizados.

¿Qué reportan en cuanto a acceso a materiales de construcción y mano de obra?

Hay dificultad para conseguir mano de obra. Lo que ha pasado en el mercado de empleo es que hay mucha gente que ha dejado el trabajo para irse a trabajar con FEMA u otras oportunidades de disaster relief, aunque sea por una cosa temporera. Ciertos profesionales también han empezado a escasear. Los materiales están escaseando porque la gente está reconstruyendo. Muchos se está yendo a la montaña. Y eso es ahora, imagínese cuando empiecen a fluir los fondos federales de verdad.

La Junta de Supervisión Fiscal ha estimado que solo 12 centavos de cada dólar de ayuda tendrá impacto directo en la economía local. ¿Qué hace la ACPR para promover que más empresas, suplidores y profesionales de aquí se contraten en las obras que se emprendan con fondos federales?

La gente del gobierno federal dice que el local no tiene capacidad porque no ha removido, por dar un ejemplo, tres millones de yardas cúbicas de escombros en cinco años. Por favor, claro que no. Pero la realidad es que, de la mano de cada desastre y de FEMA, vienen compañías y suplidores que viven de eso, del desastre. Ellos se aseguran que están primeros en la fila. Los federales vienen con una receta y no quieren desviarse del libreto. Es como tratar de mover una pared. Es bien difícil. Por eso, nuestra estrategia ha sido concentrarnos en proponer programas, que tengan soluciones de mercado, con requisitos lo más sencillos posibles.

¿Considera entonces un logro que la propuesta de la ACPR de establecer un programa de vales para adquirir vivienda segura figure en el plan de acción que presentó el Departamento de la Vivienda para el uso de los fondos CDBG­DR?

Es un logro en la medida que podamos implantarlo bien. Que logremos maximizar el número de gente que pueda beneficiarse de los asignaciones significativas que se han anunciado, que los fondos no acaben perdiéndose porque, como pasó después de Georges, ya mucha gente había resuelto. Por eso, el tiempo no es nuestro aliado. En el tema de infraestructura tampoco, porque si no se arregla la energía y las carreteras a tiempo, nos va a costar. Además de las trabas que plantea sobre estilos arraigados en el gobierno federal, ¿cómo ve la capacidad local para acometer la reconstrucción? —Si hay capacidad para el 100% de lo que viene, tengo que decir que no necesariamente, aunque la industria aquí ha sido muy resistente, es muy profesional y con alta capacidad técnica. Sí creo que tenemos la oportunidad de tener otro “Manos a la Obra”, el de nuestra generación. Pero el tema burocrático es enorme. Creo que el sentido de urgencia los colegios (profesionales) lo tienen, el tercer sector lo tiene. El gobierno estatal tiene también urgencia, pero el gobierno federal no tanto.

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