La vivienda asequible permanece como una gran necesidad en Puerto Rico.

Límites de ingresos: impedimento para la movilidad social

El estudio realizado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) y dirigido por la Dra. María E. Enchautegui, nos presenta un excelente y actualizado diagnóstico sobre los factores y limitaciones que existen para atender el grave problema de la pobreza y propiciar la movilidad social en Puerto Rico.

La investigación evalúa los principales programas federales y estatales que atienden la pobreza, tales como el Programa de Asistencia Nutricional, Head Start, WIC, Child Care, LIHEAP, Crédito por Trabajo, el Plan Vital y los programas de vivienda de alquiler, Sección 8 y Sección 9. En cada uno de estos nueve programas existen retos, restricciones y una ausencia de integración entre los mismos. Superarlos permitirá alcanzar mejor sus objetivos y lograr un mayor impacto en combatir la pobreza.

Uno de los programas evaluados por el IDJ fue el de vivienda de alquiler Sección 8, administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) y el Departamento de Vivienda de Puerto Rico. De acuerdo con el estudio del IDJ, uno de los retos de este programa es la oferta limitada de unidades de vivienda y vales (voucher). Una de las explicaciones del estudio es el aumento en los alquileres de corto plazo o Airbnb. Sin embargo, a pesar de que los Airbnb podría ser una de las causas principales, no es la razón fundamental de la limitada oferta de unidades de vivienda subsidiada.

Los límites de ingresos definidos por HUD (Income Limits,2021) históricamente han sido muy restrictivos y reducen las probabilidades de que muchas familias pobres cualifiquen para tener acceso a una vivienda asequible y digna. Además, la aplicación de estos límites de ingresos tiende a “penalizar” a las personas y familias cuyo nivel de ingreso mejora, aumentándoles la renta y limitándoles el acceso a otros programas complementarios de asistencia social.

Esta situación no es nueva. La hemos señalado en varios artículos durante los últimos años en este medio (García, 2020). También ha sido planteada de forma oficial por varias administraciones de gobierno y representantes del sector privado. El gobierno federal, incluido el Congreso de los Estados Unidos, no ha respondido a estos reclamos.

El problema de los límites de ingresos restrictivos no solo se deben analizar desde la perspectiva de su impacto en la demanda o en las familias de bajos ingresos y medianos. También merece estudiarse por el lado de la oferta (constructores de hogares), quienes son los responsables de proveer nuevas unidades de vivienda asequible digna y segura. En el caso particular del mercado de vivienda subsidiada de alquiler en la isla, la oferta de unidades es provista principalmente por los proyectos privados cubiertos por el “programa” de Low Income Housing Tax Credits (LIHTC). Este programa está basado en la Sección 42 del Código de Rentas Internas Federal, el cual provee créditos contributivos a quienes inviertan en proyectos de construcción de vivienda asequible para familias de ingresos bajos y medianos. Estos proyectos proveen unidades de vivienda de renta subsidiada a las personas y familias elegibles bajo los programas de Sección 8 y Home, entre otros.

Límites de ingresos: impedimento para la movilidad social

En la medida que los límites de ingresos sean muy restrictivos se pone en riesgo la absorción de las unidades disponibles y la viabilidad de los proyectos de vivienda asequible. HUD ha asignado a la isla $800 millones para el programa de LIHTC- CDBG. Para poder invertir estos fondos con efectividad y canalizarlos para proveer la vivienda asequible que tantas personas y familias pobres requieren, resulta inminente e impostergable que se revisen los límites de ingresos establecidos, así como las rentas. De lo contrario, será muy difícil combatir la pobreza extrema y propiciar la movilidad social en el país durante los próximos años.

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Eliminemos la barrera de elegibilidad para lograr vivienda segura

Eliminemos la barrera de elegibilidad para lograr vivienda segura

Un paso inicial para lograr aumentar el acceso a vivienda planificada, segura y accesible es que HUD aumente los límites de ingreso.

Muchos programas de subsidio y ayuda de vivienda están condicionados a que las familias a beneficiarse tengan ciertas desventajas económicas. Para esto, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD) establece límites de ingreso como parte de sus criterios de elegibilidad. Estos límites están basados en la media de ingreso en un área determinada por el Negociado del Censo y la composición familiar. Los límites de ingreso se revisan periódicamente. También programas de salud dependen de estos datos.

Explícitamente, los límites de ingreso son utilizados por HUD como criterio de elegibilidad para vivienda pública, subsidios de alquiler bajo la Sección 8 de la Ley Federal de Vivienda, la Sección 202 para vivienda de adultos mayores y la Sección 811 para vivienda de personas con discapacidades. Además, programas de salud también tienen criterios similares basados en datos del Negociado del Censo.

Para Puerto Rico, se ha dividido el territorio en 13 zonas comunitarias. De las 13 zonas, el ingreso promedio del área es menor al nivel de pobreza en EEUU al menos 11 de ellas. Esta situación limita severamente el acceso a programas de subsidio federal. En el caso de vivienda con alquiler subsidiado, causa que ocupar las propiedades sea un proceso tortuoso en el cual se terminan evaluando múltiples familias hasta finalmente encontrar una que reúna los requisitos para recibir el beneficio. Miles de familias no obtienen vivienda en áreas urbanas pues su ingreso está sobre el límite establecido por HUD, pero viven por debajo del nivel de pobreza.

Un paso inicial para lograr aumentar el acceso a vivienda planificada, segura y accesible es que HUD aumente los límites de ingreso. Este aumento debe ser tal para que el criterio nunca sea menor que el límite nacional de pobreza en los Estados Unidos. En estos momentos este límite es de $26,200 para una familia de cuatro personas. Representaría un aumento no menos de 69% en el criterio de elegibilidad, logrando que miles de familias puertorriqueñas puedan tener mejor acceso a vivienda planificada y segura.

Hay precedente para lograr esto. El Departamento de Vivienda logró una excepción para aumentar los límites de ingreso en la utilización de los fondos CDBG-DR luego del paso por Puerto Rico del huracán María. La misma prevendrá que miles de familias sean descalificadas de recibir ayudas con fondos CDBG-DR aunque estén por debajo del nivel de pobreza. Ahora se hace importante que se logre que este aumento en los límites de ingreso se haga de manera permanente.

En una isla donde el 55% de la construcción se hace ilegalmente y donde sobre el 43% de la población vive bajo el nivel de pobreza, es importante establecer múltiples estrategias para asegurar acceso a vivienda segura y asequible. Una de estas estrategias es quitar la barrera a ayudas que los límites de ingreso existentes causa. Corregir este criterio de elegibilidad no tiene impacto fiscal alguno. Al contrario, elimina barreras de acceso a ayudas de vivienda subsidiada muy importantes. Trabajemos para que nuestras familias puedan tener vivienda accesible, segura y en lugares adecuados. Manos a la obra…

Ing. Emilio Colon-Zavala

ESCRITO POR
Ing. Emilio Colón-Zavala


Expresidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR)
y Presidente de ECZ Group Inc.

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