Por segunda ocasión, luego de que, en meses recientes, desde la Asociación de Constructores de Puerto Rico, levantáramos bandera sobre la necesidad de que el Senado de Puerto Rico atendiera la medida que proponía enmiendas a la Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda, dicho cuerpo legislativo, en perjuicio de la clase media y trabajadora del país, pasó por alto esta importante discusión. Estas enmiendas están destinadas a aumentar el precio máximo actual establecido para certificar una vivienda como una de interés social.

La necesidad de atender estas enmiendas se alinea con la discusión que por años se ha sostenido entre el gobierno, las ramas legislativas y la industria privada, sobre el vertiginoso aumento en los costos de construcción, causado por el alza inflacionaria al que han estado sujetos los costos asociados a los materiales de construcción, el combustible y la mano de obra. El aumento descontrolado en los costos asociados a construir una unidad de vivienda coloca el precio de venta de una unidad muy por encima de lo que, por la ley vigente, es el precio de venta de una vivienda de interés social, lo que resulta en que no veamos construcción nueva para atender este renglón de vivienda.

De aquí la importancia de que el Senado atienda el proyecto y no continúe postergando esta importante discusión ya que dichos ajustes allanan el camino hacia más desarrollo de unidades de vivienda que sean accesibles a los individuos y familias, a la luz de los incrementos en costos de construcción, la nueva realidad del financiamiento hipotecario y el panorama actual del mercado de vivienda. Economistas y diversos sectores reconocen que, si no hay un inventario saldable de vivienda de nueva construcción, sobre todo para las familias de ingresos bajos o moderados, no se atiende la necesidad o demanda de vivienda, ni tampoco se comienza la estabilización en el precio de esta.

Cabe señalar que para atender la demanda de vivienda que existe, hemos visto cómo el Departamento de la Vivienda ha buscado alternativas que, al final del camino, podrán beneficiar solamente a un sector de menos ingresos en la población, pero que, por diversas disposiciones del gobierno federal, tales programas federales dejan fuera a aquellas familias trabajadoras de clase media que, por sus ingresos, no cualifican para dichos programas, pero que sí podrían adquirir, mediante compraventa, una vivienda asequible.

Vemos cómo las diferencias del liderato del Senado con el gobernador, en temas ajenos a los méritos de esta legislación, han propiciado que se relegue la discusión de un proyecto que busca atender la tan discutida crisis de vivienda en nuestro país. Tal como hemos expresado en otras instancias, los proyectos que se proponen en nuestra Isla no necesitan de mayor carga ideológica, ni que se evalúen a base de diferencias partidistas. Entendemos que las acciones del Senado continúan cerrando la puerta a las familias de bajos ingresos y de clase media, dejándolas desprovistas del acceso a un hogar asequible, digno y seguro. Por lo que el llamado a nuestros senadores y senadoras es a trabajar para asegurarnos de que el acceso a vivienda asequible no quede a merced de la política partidista.