Esta semana la Comisión Reguladora de Energía Federal (“FERC”, según sus siglas en inglés, o “Comisión”) le dio un cantazo, por lo menos en términos de imagen, el tiempo dirá cuán fuerte, a New Fortress Energy. Esta construyó y opera, en los muelles A y B del Puerto de San Juan -pequeño detalle: sin permiso de la FERC (no solicitado por entender que la agencia carecía de jurisdicción) - una instalación para suplir gas natural licuado (“GNL”) a las unidades generatrices 5 y 6 de la Autoridad de Energía Eléctrica en San Juan. Por lo menos once organizaciones, entre estas laborales, comunitarias y ambientalistas, como la UTIER, el Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, los Amigos del Río Guaynabo, el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, y Sierra Club Puerto Rico, entre otros, intervinieron en los procedimientos que comenzaron el 18 de junio del 2020, con una Orden de Mostrar Causa emitida por la FERC en la que solicita a New Fortress que indicara por qué su operación en el puerto de San Juan no estaba sujeta a la autoridad de la agencia federal.
Además de determinar que la operación de New Fortress estaba sujeta a la jurisdicción de FERC, los interventores solicitaron el comienzo, en su día, de procedimientos para el cierre de la operación; la imposición de una penalidad de hasta $540MM; y, la restitución a los clientes de la AEE de los beneficios, según alegado, ilegalmente obtenidos.
FERC rechazó, con el voto en contra de uno de los comisionados, los argumentos de New Fortress. Determinó tener jurisdicción para pasar juicio sobre la ubicación, construcción y operación de la instalación, pero no ordenó su cierre. Entendiendo que el interés público estaría mejor servido, la Comisión le concedió 180 días a New Fortress para solicitar los permisos necesarios, tiempo durante el cual podrá seguir en operación.
La AEE, posiblemente anticipando una decisión desfavorable, mediante carta de 16 de marzo del 2021 urgió a la Comisión que, de concluir tener jurisdicción sobre New Fortress, no hiciera nada que pudiese interrumpir la operación diaria y, como resultado, entorpecer la disponibilidad de GNL mientras se gestionan u obtienen las autorizaciones necesarias. El gas natural que New Fortress le suple a la AEE es, según esta, críticamente importante para la agencia y para Puerto Rico. El uso de GNL permite lograr reducciones significativas en emisiones de contaminantes aéreos, varios de ellos peligrosos, como el mercurio, y en alcanzar, según la AEE, importantes reducciones en gastos asociados a la quema de diésel para la generación de energía.
Detrás de la decisión de la FERC es importante resaltar el papel que desempeñó el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presidido por el demócrata Raúl Grijalva, y sus colegas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Según reportó El Nuevo Día,en el artículo “Comisión federal reguladora de energía interviene con el proyecto de New Fortress Energy”, el 18 de junio de 2020, fue la comisión de Grijalva, bajo la administración Trump, pero con una Cámara controlada por los demócratas, la que solicitó a la FERC, el 21 de abril que examinara el proyecto de New Fortress.
La Administración Biden es, en asuntos medioambientales, el total opuesto a la anterior. Aquella atendió el problema de mayor importancia contemporánea desafiliando a los Estados Unidos del Tratado de París sobre Cambio Climático (2015). Además de reingresar al Tratado, la Administración Biden propone una política ambiental, particularmente sobre cambio climático, atada a la promoción y creación de empleo. De igual manera, activará el cumplimiento con normas ambientales, de particular importancia para Puerto Rico, como son las relacionadas a calidad de aire y agua. El recién confirmado administrador de la Agencia de Política Pública Ambiental federal (EPA, según sus siglas en inglés), Michael Regan, se destacó, durante su tiempo al mando del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte, por el aumento en el número de inspecciones y el incremento en el monto de multas impuestas y cobradas. Igual debemos esperar que haga Regan en la EPA.
Nuestros males socioeconómicos, harto conocidos y documentados, y la búsqueda de soluciones, coinciden con fortalecidos nexos entre los sectores progresistas de la política norteamericana, al mando de las ramas Ejecutiva y Legislativa, y nuestros sectores centro-izquierda e izquierda. Sus propuestas y las de nuestro sector privado, particularmente en cuanto a asuntos ambientales y de planificación, a menudo chocan. Visiones dispares sobre la protección a la propiedad privada, reflejadas en medidas como la del Plan de Uso de Terrenos (2015); el pobre rol del gobierno en su control de la actividad económica, reflejado en el sistema de permisos; y, propuestas, sin fundamento económico y científico, como la moratoria de construcción en la zona costanera, no ayudan. Las organizaciones locales que respaldan medidas y propuestas como las anteriores muestran poco o ningún interés por su impacto económico y efecto adverso, contrario a lo enunciado por la Administración Biden, sobre la disponibilidad de empleos. Tampoco ayuda, lo que es necesario reconocer, la timidez o renuencia de los sectores productivos del país en desarrollar e impulsar medidas para proteger, mejorar y ampliar la infraestructura del país, y la vida y propiedad, en especial de los más necesitados, de su claro asedio por un clima cambiante.
Al final del día, la pregunta esencial es si el sector progresista criollo, y las fuerzas productivas de la economía podrán, como determinó FERC en su reciente decisión en New Fortress, colocar el interés público por encima de sus respectivos intereses sectoriales. Nuestro pasado se distingue por la toma de decisiones, a menudo entronizadas en posturas ideológicas, o arraigadas en respuestas populistas, en ambos casos marginados de información fundamentada y datos asequibles a todos. El tiempo apremia.
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