El 20 de septiembre del 2017 está registrado en la historia de Puerto Rico como el día en que el huracán María, un ciclón categoría 4, arrasó la Isla y provocó cerca de 4,000 muertes, un enorme daño a la infraestructura pública y privada, y la interrupción total del servicio de energía eléctrica y las comunicaciones.
Ese catastrófico evento marcó el inicio de un periodo de emergencias naturales y salubristas, que continuaron afectando la economía y la salud de la ciudadanía, como la serie de terremotos que sacudió al suroeste del País a partir del 28 de diciembre de 2019 y cuyo evento más intenso fue el sismo del 7 de enero de 2020, que tuvo una magnitud de 6.4. En ese periodo también comenzaron a registrarse casos del COVID-19 a nivel internacional y, luego que la Organización Mundial de la Salud declarara una pandemia global, el gobierno de Puerto Rico decretó un estado de emergencia y ordenó un cierre total de toda actividad económica y social el 12 de marzo del 2020. Aunque el periodo de cierre culminó, la pandemia del COVID-19 continúa y sigue perjudicando la economía, la salud y la demografía de la Isla.
Sin embargo, la historia de los pasados cinco años también cuenta con saldos positivos para la Isla y la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) tiene la distinción de haber realizado aportaciones fundamentales en las etapas de manejo y recuperación de las emergencias: una historia poco conocida que ahora nos cuentan sus líderes de estos pasados cinco años.
Gracias a los esfuerzos realizados por esta institución de carácter multisectorial, Puerto Rico se ganó como aliada a la entonces subsecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés) Pamela Hughes Patenaude; logró extensiones en los incentivos de vivienda pública para mitigar la emigración de familias de bajos ingresos y viabilizó la asignación de $20,000 millones en fondos federales para la recuperación.
Esos logros, empero, no se dieron en el vacío sino que fueron resultado de la visión estratégica de la junta directiva de la ACPR.
Cabe destacar que en el 2015 la ACPR amplió la base de su matrícula para diversificar el alcance de sus iniciativas con la adopción de los cuatro pilares de trabajo en las áreas residencial, comercial, industrial, y turismo. Dichas decisiones facilitaron el trabajo en equipo de la junta directiva y abonó a que la organización se convirtiera en un portavoz del sector privado en los momentos más críticos, según el arquitecto Ricardo Álvarez-Díaz, quien presidía la entidad cuando el huracán María pasó por Puerto Rico.
El huracán Irma, que pasó por Puerto Rico dos semanas antes, preparó el camino para el rol que asumiría la ACPR luego del huracán María, pues Álvarez-Díaz “se convirtió en el enlace entre la membresía de nosotros y otros sectores privado con las autoridades y los medios de comunicación”, destaca el ingeniero Emilio Colón Zavala, quien asumiría la presidencia de la Asociación a partir de enero del 2018, hasta diciembre del 2019.
Al otro día del huracán María, Álvarez-Díaz participó en la primera de muchas reuniones en La Fortaleza y allí se decidió que sería representante del sector privado y enlace con la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA) en representación de la empresa privada. El arquitecto también asumió un rol protagónico para ofrecer información en los medios de comunicación que llegó a tener alcance fuera de Puerto Rico.
“En las primeras semanas, la prioridad era conseguir la mayor cantidad de datos posible porque había muy poca información y parte del reto mayor era que las personas fuera de la isla se comunicaran con sus familiares”, recuerda.
Él y los demás miembros de la Directiva se hicieron disponibles participando a diario de reuniones multisectoriales el Centro de Convenciones, donde el gobierno ubicó el centro de mando, y entre otros aspectos, aportaban información sobre diversas situaciones, por ejemplo, las necesidades que tenían las égidas para que se enviaran generadores de energía, entre otras funciones.
“En esas primeras semanas se reafirmó la labor que ha hecho la Asociación de Constructores por 71 años, que ha sido un ente importante aportando, relacionándose y proveyendo información y data al gobierno, a organizaciones del sector privado, a entidades sin fines de lucro, dando luz y recomendaciones”, destaca la licenciada Nory Rivera, directora ejecutiva de la ACPR, quien asumió ese puesto justo dos días antes del paso del huracán Irma.
“En esas primeras semanas, los miembros de nuestra directiva vivían prácticamente en el Centro de Convenciones tratando de entender lo que estaba pasando y cómo podíamos ayudar”, puntualiza.
Así por ejemplo, lograron que se utilizara el puerto de Ponce para traer equipo de recuperación del sistema eléctrico –que consistía de unos 9,000 postes de luz y de 6,000 millas de cable – en lugar del Puerto de San Juan para evitar que confligiera con la entrada de suministros y otros productos esenciales, cuenta Colón Zavala.
Simultáneamente, la Directiva y miembros de la Junta de la ACPR sostenía reuniones semanales con la Asociación Nacional de Constructores de Hogares (NAHB) con sede en Washigton, DC, entidad que les puso en contacto con personas de New Orleans, de Nueva Jersey y Nueva York, quienes les orientaron sobre qué esperar después del desastre pues tenían la experiencia del huracán Katrina del 2005 y el Huracán Sandy, en el 2012, respectivamente.
Gracias a esa comunicación, llegó información de que lugares como la Florida estaban usando cabilderos en Washington, DC, para solicitar más de vouchers (vales vivienda para Sección 8) para relocalizar fuera de Puerto Rico a cerca de 120,000 residentes de complejos de vivienda pública. La razón era que por la falta de servicios básicos en la Isla, se estaba incumpliendo con la ley federal, que establece que dichos complejos residenciales no pueden estar sin luz y agua por más de dos meses porque eso afecta la calidad de vida de sus residentes. “Aunque parecía algo excelente, una vez tu relocalizas 125 mil familias fuera de Puerto Rico, estas no van a regresar y eso iba a tener un impacto dramático en el futuro de la Isla”, recuerda Álvarez-Díaz.
“Cuando pasó el huracán nadie consideró que la falta de agua o luz no era por culpa del administrador sino porque había un daño a la infraestructura nacional”, afirma Álvarez-Díaz.
Ante esa situación, la ACPR actuó prontamente y llamó a la NAHB, rememora Alfredo Martínez-Álvarez, Jr., entonces tesorero de la Asociación y quien asumió la presidencia en enero del 2020.
“Entonces pedimos una reunión con el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) Ben Carson y, en menos de 24 horas, nos llamaron y nos concedieron la reunión pero nos dijeron que teníamos que estar en Washington en tres días”, indica Álvarez-Díaz, al recordar lo difícil que era conseguir transportación aérea en aquel momento. Álvarez-Díaz logró llegar a Washington D.C. dos horas y media antes de la reunión, que finalmente atendió la subsecretaria de HUD Pamela Hughes Patenaude. Y los 15 minutos que les había concedido se convirtieron en tres horas.
En esa reunión, el liderato de la ACPR explicó la caótica situación por la que atravesaba la Isla y logró concienciar a la funcionaria y establecer una relación que resultó en significativos beneficios para todo el País. “Nos dijo que no podía cambiar la ley, pero me prometió que iba a hacer todo lo posible. Eso fue un viernes y el lunes nos llamó para decir que había conseguido una extensión para que se pagaran los subsidios (de Plan 8) hasta enero. Le expliqué que en Puerto Rico todavía en enero estamos en Navidad y ella consiguió seis meses más. Hay familias que nunca van a saber que no fueron relocalizadas a la Florida por el apoyo y el liderato de esta Asociación”, recalca el expresidente de la ACPR.
“Extender ese waiver hasta que se reestableciera la luz y el agua fue un acto de justicia social”, sostiene, por su parte, Martínez-Álvarez, Jr.
“A raíz de esa reunión, la Subsecretaria de la Vivienda vino a Puerto Rico y esa fue la primera de más de 20 y pico de veces que visitó la Isla. Logramos establecer una relación directa entre la Asociación y el gobierno en Washington D.C. que continúa hasta hoy día”, agrega Álvarez-Díaz, quien recuerda que en muchas reuniones integró a organizaciones sin fines de lucro para que la funcionaria federal conociera la labor que realizaban.
En su interés de aportar a la recuperación del País, el liderato de la ACPR decidió investigar cómo otras jurisdicciones habían manejado emergencias similares y, “dentro de la desgracia que vivimos, entendimos que había una oportunidad cuando nos dijeron que habían fondos que nos permitirían transformar significativamente la infraestructura. De ahí la importancia de los fondos federales”, declara Colón Zavala.
Ya se hablaba de $20,000 millones para Puerto Rico de fondos CDBG-DR, pero el límite de ingreso por individuo que era parte de los requisitos de ese programa representaba un obstáculo para ayudar a las personas afectadas.
“Nos dimos cuenta que las limitaciones podían provocar que nadie cualificara porque ganaban mucho, según las tablas de HUD. Una familia de cuatro personas que ganaba más de $12,000 al año no cualificaba, esos límites en Puerto Rico son muy bajos. De qué sirve toda la asignación de fondos si no se puede usar”, cuestiona Colón Zavala.
“Nos montamos en un avión y fuimos a Washington y llevamos ese punto con una tablita de excel”, comenta por su parte la arquitecta de Mari un poco en broma, al recordar que, como ya se habían orientado con la NAHB, pudieron citar, incluso, partes del documento al que hacían referencia en las reuniones.
Como parte de ese proceso, también se reunieron con el entonces secretario de la Vivienda en Puerto Rico, Fernando Gil Enseñat “y Vivienda solicitó un waiver para que se cambiaran los límites de ingreso para que fueran más altos”, dice Colón Zavala.
Álvarez-Díaz afirma que la Asociación de Constructores tuvo un papel protagónico en la asignación de esos $20,000 millones y que no se hubiesen asignado a Puerto Rico sin la relación de la Asociación con la Subsecretaria de Vivienda Federal. Incluso, los waivers que se lograron para los fondos que se discuten ahora de desarrollo económico para organizaciones sin fines de lucro se obtuvieron porque esta Asociación fue allá y habló y se determinó una cantidad de fondos para esas entidades”.
Una de las limitaciones con que se enfrentaba el sector privado y el gobierno en esta emergencia era la falta de datos, ya que los pone en una posición limitante para solicitar fondos federales.
Queríamos utilizar a un municipio de Puerto Rico que sirviera de microcosmos para levantar datos y que sirvieran para documentar lo que estaba pasando en Puerto Rico. Utilizamos el Municipio de Toa Baja porque según los números fue donde más vivienda por población se había perdido y es en gran parte zona inundable. Trajimos al Urban Land Institute, ULI, una de nuestras organizaciones aliadas, conseguimos que se levantaran $100,000 en fondos de diversas entidades como la Rockefeller Foundation y la Nike Community Impact Fund de Detroit, para traer expertos mundiales por una semana a investigar la situación de Toa Baja. Esto nos proveyó datos suficientes para justificar muchas de iniciativas que se estaban impulsando sin data”, recuerda Álvarez-Díaz.
Estos datos se integraron en los nuevos mapas de inundación de FEMA del 2018.
“Ese documento también fue crucial para crear el City Revitalization Program con el que le dan fondos a los municipios para hacer mejoras”, explica Álvarez-Díaz.
Las iniciativas de la ACPR a raíz del huracán María resultaron en “una lección profesional para todos”, por lo que tuvieron que aprender en poco tiempo de procesos y recursos públicos y por los logros obtenidos con su trabajo, de acuerdo con Colón Zavala.
Sin embargo, lamenta que, por falta de voluntad política, persistan problemas que representan riesgo de daños para los ciudadanos. “No ha habido voluntad para tener un sistema de energía eléctrica que resista el embate de ese tipo de ciclones, la vivienda informal; todo eso se le ha dicho al gobierno desde que pasó el huracán Hugo en 1989 y que todavía estemos hablando de eso es frustrante. Sí se cambió el Código de Construcción, pero no hay un plan de cómo darle acceso a la gente que no tiene los recursos para tener profesionales diseñando y construyendo su vivienda”, lamenta el ingeniero.
Mientras que Álvarez Díaz destaca que María les enseñó “que si queríamos lograr algo para Puerto Rico teníamos que entender cómo operaba Washington D.C. y no tanto cómo operan las agencias aquí porque todo depende de la cantidad de fondos que se asignan”.
También destaca que se estableciera el precedente de abrir las vías de comunicación del gobierno con el sector privado, que se crearan entidades para ser enlace con FEMA y que, en medio de todo, los miembros de la Junta lograran una cohesión de grupo que, sin saberlo, les serviría posteriormente para enfrentar las subsiguientes emergencias de los terremotos y la pandemia del COVID-19.
En esa emergencia salubrista en la que se cerró la economía, la ACPR también tuvo un rol protagónico.
“Luego de varias reuniones en La Fortaleza, en las que el tema era mantener cerrado a Puerto Rico para evitar la propagación del COVID-19 trabajamos con las demás industrias de cómo se podía reabrir la construcción de una forma responsable”, recuerda Martínez Álvarez, Jr., entonces presidente de la Asociación.
En el 2020, crearon el Corona Task Force y, entre “varios expresidentes de la Asociación y miembros de la Junta, creamos unas guías que se enviaron a Fortaleza y la entonces gobernadora (Wanda Vázquez) nos entendió. Pude explicarle lo que proponíamos para abrir el área de construcción porque estábamos entrando en época de huracanes y muchas personas esperaban sus casas nuevas para mudarse y prepararse para esa temporada y había gente reconstruyendo o construyendo sus casas todavía luego del huracán. Logramos que la Gobernadora entendiera que con esas guías se podía trabajar al aire libre y que la propagación iba a ser bien poca. Esas guías, que luego se utilizaron en otras industrias, fue un logro de la Asociación”, revela Martínez Álvarez, Jr. El expresidente de la ACPR enfatiza que las guías se crearon para proteger a los empleados de al construcción y garantizar que ellos pudieran ir a trabajar en áreas seguras.
De cara al futuro, la Junta de Directores de la ACPR confía en que toda la experiencia ganada durante las pasadas emergencias les servirá para continuar haciendo grandes aportaciones al País.
“Cuando empezamos en esta directiva, hicimos un plan y nos trazamos una meta, que era trabajar por el desarrollo económico de Puerto Rico porque lo que es bueno para Puerto Rico es bueno para la Asociación”, manifiesta la actual presidenta Vanessa de Mari. “En estos pasados cinco años hemos continuado fomentado y proponiendo medidas encaminadas a esos fines. Todavía falta mucho camino para lograr la reconstrucción de Puerto Rico y los proyectos que necesitamos. No obstante, en la Asociación de Constructores estamos comprometidos en seguir trabajando con el gobierno, con otras organizaciones privadas, con los representantes del Tercer Sector para lograr la reconstrucción que sin duda va a transformar la calidad de vida de las futuras generaciones”.
