Esta semana estamos viviendo la prueba definitiva del estado crítico de nuestro sistema eléctrico.
Durante las pasadas semanas se han convocado foros, conversatorios y diálogos multisectoriales para discutir la difícil situación energética que enfrentamos, ¡sin saberlo, en anticipo a Fiona!
En ellos habíamos podido precisar mejor algunos de los problemas principales que nos afectan. No cabe la menor duda de que toda la infraestructura de Puerto Rico tiene que ser repensada, rediseñada y construida de acuerdo a la nueva realidad, luego de atender la emergencia actual.
Es imprescindible que:
1) Se instale más generación eléctrica para estabilizar el sistema y tener un margen de seguridad adecuado
2) La red de transmisión y distribución, inestable y poco confiable, tiene que ser totalmente rediseñada y reconstruida
3) El mantenimiento de las líneas y servidumbre tiene que ser objeto de la más alta prioridad de servicios y
4) Todo el sistema de T&D tiene que ser renovado con la más alta calidad y estándares aplicables a nuestra realidad tropical.
Existe un amplio consenso para bajar la carga y demanda eléctrica de manera rápida a base de eficiencia energética. Esto incluye sustituir con equipos eficientes y adoptar mejores prácticas. Finalmente, es imperativo acelerar la entrada de renovables al sistema de generación.
¿Cómo proceder? Sin ser una experta, pero sí una ciudadana que se preocupa por su isla y su futuro:
En primer lugar, debemos hacer un análisis profundo sin apasionamiento: ¿si sustituimos al administrador contratado de la red de transmisión y distribución hará algún cambio? ¿Cómo manejaríamos una transición ordenada en medio de esta crisis? ¿Cómo vamos a asegurar una supervisión adecuada del más importante contrato energético de la historia moderna? ¿Cómo garantizaremos un proceso transparente y abierto de otra contratación si cambiar fuera la alternativa? ¿Cuál de las decisiones evitará sumir a todo el país en un caos energético sin precedentes? Ahora enfrentamos una crisis mayor al ya maltrecho sistema eléctrico.
Lo que sí se debe hacer es mejorar el contrato si la decisión es retener el administrador. Sería fundamental que nos unamos todos para lograr ese contrato balanceado con expectativas reales y asequibles, garantizar un pago justo y razonable para ambas partes, redefinir las métricas para que beneficien a los consumidores y reformular la función de supervisión efectiva del contrato.
La AEE tiene que añadir generación inmediata para proveer reserva y margen de seguridad. Lograr un calendario de mantenimiento eficaz para la flota generatriz propia y privada, prepararse para el cierre de AES en 2028, apoyar y facilitar la transformación hacia la Nueva Red que dispone Ley 17, y atenerse estrictamente al Plan Integrado de Recursos (PIR) para todo proyecto y mejora.
LUMA Energy tiene que seguir incorporando más brigadas y tienen que utilizar las compañías locales capacitadas, que cuando Maria fueron los primeros respondedores. Tienen que cumplir con el plan de mantenimiento acelerado al que se comprometieron, implementar el trasbordo “wheeling” para estimular la generación propia y privada, y acelerar la ejecución los proyectos de mejoras FEMA.
El Negociado de Energía deberá acelerar los tranches 2 al 6, estimular y educar al prosumidor, que es figura clave de la Ley 17, y debe acelerar el nuevo Plan Integrado de Recursos (PIR) 2024-2027 para modernizar aún más el sistema de cara a los eventos que nos seguirán afectando.
Todos los estudios realizados demuestran que la flota legada contiene unidades obsoletas y sin vida útil. Hoy, ¿podemos tener alguna duda? Fiona nos obliga a hacer una verificación de nuestra realidad. Solo debemos darles el mantenimiento estrictamente necesario para que operen en un corto tiempo para transformar el sistema, ¿es posible? Tenemos que mirar al futuro y continuar el camino trazado por la Ley 17 y Transformar el sistema para lograr la Nueva Red sostenible y renovable que impulse y promueva el desarrollo social y económico que queremos y anhela el país entero.
Es momento de aunar esfuerzos de todos los sectores con acción efectiva para atender la emergencia y hacer los cambios necesarios en cumplimiento con el marco regulatorio establecido.
Eso es justicia energética para todos.
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