El estudio realizado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) y dirigido por la Dra. María E. Enchautegui, nos presenta un excelente y actualizado diagnóstico sobre los factores y limitaciones que existen para atender el grave problema de la pobreza y propiciar la movilidad social en Puerto Rico.
La investigación evalúa los principales programas federales y estatales que atienden la pobreza, tales como el Programa de Asistencia Nutricional, Head Start, WIC, Child Care, LIHEAP, Crédito por Trabajo, el Plan Vital y los programas de vivienda de alquiler, Sección 8 y Sección 9. En cada uno de estos nueve programas existen retos, restricciones y una ausencia de integración entre los mismos. Superarlos permitirá alcanzar mejor sus objetivos y lograr un mayor impacto en combatir la pobreza.Uno de los programas evaluados por el IDJ fue el de vivienda de alquiler Sección 8, administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) y el Departamento de Vivienda de Puerto Rico.
De acuerdo con el estudio del IDJ, uno de los retos de este programa es la oferta limitada de unidades de vivienda y vales (voucher). Una de las explicaciones del estudio es el aumento en los alquileres de corto plazo o Airbnb. Sin embargo, a pesar de que los Airbnb podría ser una de las causas principales, no es la razón fundamental de la limitada oferta de unidades de vivienda subsidiada.
El problema de los límites de ingresos restrictivos no solo se deben analizar desde la perspectiva de su impacto en la demanda o en las familias de bajos ingresos y medianos, también merece estudiarse por el lado de la oferta (constructores de hogares), quienes son los responsables de proveer nuevas unidades de vivienda asequible digna y segura.
Los límites de ingresos definidos por HUD (Income Limits,2021) históricamente han sido muy restrictivos y reducen las probabilidades de que muchas familias pobres cualifiquen para tener acceso a una vivienda asequible y digna. Además, la aplicación de estos límites de ingresos tiende a “penalizar” a las personas y familias cuyo nivel de ingreso mejora, aumentándoles la renta y limitándoles el acceso a otros programas complementarios de asistencia social.
Esta situación no es nueva. La hemos señalado en varios artículos durante los últimos años en este medio (García, 2020). También ha sido planteada de forma oficial por varias administraciones de gobierno y representantes del sector privado. El gobierno federal, incluido el Congreso de los Estados Unidos, no ha respondido a estos reclamos.
El problema de los límites de ingresos restrictivos no solo se deben analizar desde la perspectiva de su impacto en la demanda o en las familias de bajos ingresos y medianos. También merece estudiarse por el lado de la oferta (constructores de hogares), quienes son los responsables de proveer nuevas unidades de vivienda asequible digna y segura. En el caso particular del mercado de vivienda subsidiada de alquiler en la isla, la oferta de unidades es provista principalmente por los proyectos privados cubiertos por el “programa” de Low Income Housing Tax Credits (LIHTC). Este programa está basado en la Sección 42 del Código de Rentas Internas Federal, el cual provee créditos contributivos a quienes inviertan en proyectos de construcción de vivienda asequible para familias de ingresos bajos y medianos. Estos proyectos proveen unidades de vivienda de renta subsidiada a las personas y familias elegibles bajo los programas de Sección 8 y Home, entre otros.
En la medida que los límites de ingresos sean muy restrictivos se pone en riesgo la absorción de las unidades disponibles y la viabilidad de los proyectos de vivienda asequible. HUD ha asignado a la Isla $800 millones para el programa de LIHTC- CDBG. Para poder invertir estos fondos con efectividad y canalizarlos para proveer la vivienda asequible que tantas personas y familias pobres requieren, resulta inminente e impostergable que se revisen los límites de ingresos establecidos, así como las rentas. De lo contrario, será muy difícil combatir la pobreza extrema y propiciar la movilidad social en el país durante los próximos años.
