Se ha vuelto a traer al ruedo público la necesidad de introducir nueva legislación para incluir requisitos adicionales en los códigos de construcción que guían las nuevas construcciones y las remodelaciones de edificios en Puerto Rico.
Ante este panorama, es importante puntualizar que el proceso de revisión que se le ha encomendado a la Comisión Revisora, para atemperar los códigos a la realidad particular de Puerto Rico, se trabaja con el fin de salvar vidas, además de promover la conservación energética en las estructuras, tanto de nueva construcción como las que conlleven trabajos de remodelación.
La revisión y adopción de los códigos se realizan de manera holística, tomando en consideración la seguridad de las personas y recogiendo el peritaje de la comunidad profesional y del gobierno. También toma en consideración el sentir de las comunidades. Por eso, legislar cambios adicionales sobre el código sería un ejercicio fútil que abonaría al problema de la falta de fiscalización.
En 2018, a raíz del paso de los huracanes Irma y María, se dejó sin vigencia el código del 2011 y se adoptó una nueva versión a base de los códigos modelos del Consejo Internacional de Códigos (ICC, por sus siglas en inglés). Esta adopción permite que los procesos y proyectos se nutran de los estándares de responsabilidad más altos.
Esta revisión ya atiende temas sobre los que se pretende ahora legislar. Por eso nos preguntamos: ¿Qué requisitos adicionales son necesarios? ¿Cuál es el propósito de llevar a cabo un proceso riguroso de discusión con la aportación de las comunidades profesional, económica, gubernamental y general con el fin de adoptar una versión del código, si luego por medio de legislación se trastocan todas las aportaciones hechas por estos grupos?
Es importante poner en perspectiva que, en el sector de la vivienda, cualquier cambio a los códigos de construcción que se legisle resulta en una alteración en los costos de construcción que determinan la viabilidad de desarrollar, construir y financiar unidades de vivienda asequible.
Debemos añadir el desface que ha creado la quiebra, y, por ende, la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Se suman los impactos inflacionarios, tales como el incremento en el costo de materiales y construcción, y la escasez de mano de obra. Si a ese escenario le añadimos nuevos requerimientos, el consumidor local verá coartado su derecho a acceder a una vivienda al alcance de su bolsillo.
Los proyectos en nuestra isla no necesitan más regulación. Lo que requieren es que las agencias reguladoras se nutran de personal capacitado para asegurar que las obras en desarrollo estén en cumplimiento con los lineamientos establecidos.
El mejor ejemplo lo tenemos con el Puente Atirantado de Naranjito. Allí no fallaron los códigos; falló la supervisión para hacerlos valer. De nada sirve que contemos con más letra muerta, si el dilema estriba en la falta de fiscalización y cumplimiento. Debemos pensar de forma distinta al buscar soluciones. Es hora de fijar un mismo norte, uno en el que, al final del camino, podamos realinear esfuerzos que redunden en beneficio para todos.
