Para muchos puertorriqueños, mencionar las disposiciones de la Ley 60 de 2019 (Código de Incentivos) que da continuidad a la Ley 22 de 2012, se ha convertido en una actividad que, pudiéramos decir, forma parte de un deporte extremo. No es para menos, pues nuestro rasgo principal es el patriotismo y la inherente necesidad de defender lo nuestro.
Sin embargo, para muchos, ese patriotismo puede hacer que, en ocasiones, puedan dejarse llevar por información y fuentes que solo persiguen su bienestar propio.
Es importante resaltar que, desde su creación como la Ley 22 en 2012, y luego como la Ley 60 bajo el Código de Incentivos, el estatuto que provee incentivos contributivos para promover el traslado de inversionistas residentes a Puerto Rico ha probado tener un impacto positivo. Ello ha sido evidenciado en diversos estudios económicos publicados por firmas como Estudios Técnicos, en los que se han documentado los beneficios generados por las múltiples inversiones en diversas industrias, como lo son, las de construcción y vivienda, el sector de servicios, de bienes raíces, entre otros renglones de la economía local.
Cabe resaltar que, desde la aprobación original del estatuto, administraciones bipartitas han utilizado con éxito las herramientas provistas por este, para atraer capital de inversión a nuestra isla.
Sin embargo, en fechas recientes, se han propuesto medidas que consideramos radicales, como el Proyecto del Senado 490. Dicha medida, según modificada por la Comisión a cargo, lejos de limitarse a requerir inversión y generación de empleos adicionales, se convirtió en una propuesta sin base económica alguna. La propuesta busca, entre otras cosas, desvirtuar todo el fundamento y la herramienta de promoción de inversión de la Ley, al aumentar la tasa contributiva y eliminar exenciones que son parte fundamental del atractivo para invertir en Puerto Rico. Además, propone eliminar el requisito de compra de vivienda al inversionista cualificado.
Nos preguntamos entonces, ¿en qué estudios económicos se apoya este proyecto para validar los cambios propuestos? ¿Han tomado en consideración las opiniones de los diversos sectores económicos de la isla? ¿Han considerado el efecto de los cambios propuestos en el PS 490, sobre la certeza a la inversión, al generar un clima de negocios hostil y adversativo para quienes están decididos a invertir en Puerto Rico?
Es importante poner en perspectiva que la discusión que ha generado el PS 490 ha estado impregnada de matices ideológicos que, entre otras cosas, pretende demonizar la inversión de capital por parte de aquellos inversionistas cualificados bajo la ley. No podemos abrir la puerta para que en Puerto Rico se comience a legislar bajo la premisa de condenar el capital privado, sea externo o local. Es imperativo desligar el análisis económico de los conceptos ideológicos y filosóficos preconcebidos, que obstaculizan el desarrollo económico sostenible de nuestro país.
Los proyectos que se proponen en nuestra isla no necesitan de mayor carga ideológica. Es esencial que la discusión sobre este proyecto se reinicie y se vuelva al análisis original, en el que se evalúe la efectividad e impacto real de estos incentivos. Es necesario, además, que honremos los decretos ya concedidos bajo la Ley 22 o la Ley 60.
En fin, debemos dejar de propiciar un dilema donde no lo hay, y dar paso a la evaluación de una propuesta balanceada de la Ley 60, que no ignore el impacto positivo que han tenido estas leyes en diversos sectores de la economía. Como he mencionado antes: debemos pensar de forma distinta a la hora de buscar soluciones. Es hora de fijar un mismo norte, en el que, al final del camino, podamos realinear esfuerzos que redunden en beneficio para todos.
