El derecho a una vivienda digna es reconocido como un derecho humano. Para que una vivienda sea adecuada, debe garantizar seguridad, que sea asequible, habitable y accesible. Nuestro gobierno tiene la obligación de promover este derecho para todos, compromiso al que Patria Nueva está adherido.  Además de los daños causados por fenómenos naturales recientes en Puerto Rico, hay varios problemas que explican la crisis de vivienda actual:

A) Ineficiencia en la administración de fondos de reconstrucción;

B) Impacto del cambio climático;

C) Aumento de capital extranjero debido a la promoción de Puerto Rico como paraíso fiscal;

D) Proliferación de alquileres a corto plazo;

E) Aumento en los costos de materiales de construcción;

F) Incremento de propiedades abandonadas;

G) Reducción del inventario de viviendas disponibles.

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TDC: Los impuestos gubernamentales aumentan en un 30% los costos de construcción de una vivienda. Ejemplo de esto son los arbitrios de construcción, que rondan entre 5% a 10% del costo de la construcción, entre otros. Esto tiene un impacto directo en el precio y asequibilidad de vivienda en PR. ¿Cuál es su propuesta para reducir estos costos?

Si bien es cierto que los costos de construcción en Puerto Rico contienen un componente fuerte de impuestos gubernamentales, el aumento en el costo de los materiales –muchos de ellos importados—así como la escasez de materiales locales, ha encarecido la construcción durante los años más recientes. Ante esa realidad, y ante el cuadro de estrechez fiscal del gobierno central, propongo un plan abarcador para rehabilitar/reconstruir las viviendas en estado de abandono, dilapidadas e inhabitadas, cuyo inventario en el país supera el cuarto de millón de unidades (algunas fuentes hablan de sobre 270,000 unidades). Con poco más de una tercera parte de esas estructuras que logremos reconstruir, supliremos el 100% de la demanda agregada de vivienda en todo Puerto Rico, tanto en zonas rurales como urbanas. Para dar paso a esa iniciativa, propondré legislación puntual que se traduzca en créditos contributivos y/o deducciones, dirigidas a los contratistas o constructores que participen de estos proyectos. Ello resultará en una reducción en costos de construcción y, por ende, en beneficios financieros razonables para la empresa constructora o el contratista/constructor. En ese sentido, debo reconocer que la aprobación del proyecto de la Cámara 2172, que enmienda la Ley 60-2019 (Código de Incentivos de Puerto Rico) constituye un paso en la dirección correcta, pero deben atenderse las preocupaciones que han planteado tanto la Asociación como la Federación de Alcaldes, con relación al impacto fiscal de esta legislación sobre las finanzas municipales.

TDC: ¿Cómo entiende usted podrá el Gobierno de Puerto Rico agilizar que se obliguen y distribuyan los fondos federales para la recuperación luego de los desastres naturales que se han vivido en los pasados años?

Lo que ha ocurrido con la asignación, obligación y, finalmente, la distribución de los fondos federales para la recuperación pos-huracanes y pos-terremotos, es absolutamente inaceptable. Estamos exactamente a siete años del paso de los huracanes de septiembre de 2017, y a más de cuatro años y medio de los terremotos de enero de 2020 y, aunque parece increíble, las obras de reconstrucción no han culminado (en algunos casos ni siquiera han comenzado) debido a una serie de factores, entre los cuales se destaca la absoluta ineficiencia de las administraciones gubernamentales de Puerto Rico, así como el pobre rol de la figura del o la Comisionada Residente en Washington. Esos fondos no son una regalía, sino, en gran medida, una retribución por los miles de millones de dólares que la economía de Puerto Rico aporta a la de Estados Unidos anualmente. Por consiguiente, mi administración propone agilizar, por todos los medios al alcance dentro del marco jurídico e institucional vigente, la canalización de los fondos comprometidos para que esas obras puedan contribuir a levantar nuevamente la infraestructura física de nuestra economía.

TDC: ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo de Puerto Rico, liderado por el sector privado y no gubernamental, debe de ser nuestra herramienta principal de desarrollo social?

Mi respuesta es NO. El desarrollo social y económico de los países más avanzados del mundo –que son los países de Europa Noroccidental, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos—ha estado guiado desde hace prácticamente un siglo por una admirable y eficaz coordinación gestionada entre el sector gubernamental y el sector privado. El sector gubernamental o público protege el interés común (incluyendo la protección de, y el derecho a, la empresa privada) y ha delineado, a lo largo de la pasada centuria, los esfuerzos de desarrollo socioeconómico en TODOS los países democráticos e industrializados del globo. En la historia moderna se destacan, muy particularmente, los esfuerzos esbozados en los programas y proyectos del presidente Roosevelt de Estados Unidos, las políticas públicas del Partido Laborista de Inglaterra, y la sabia administración de los gobiernos de Europa, así como de los demás países citados, particularmente en la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial. A pesar del discurso neoliberal que reclama que haya menos participación gubernamental, lo cierto es que lo importante en cada país es saber elegir a los funcionarios que estarán a cargo de esa gestión pública, y que busquen los consensos necesarios con el sector privado, con las comunidades y con los demás sectores de la sociedad.

TDC: ¿Cómo propone fomentar un clima de negocios e inversión positivo en Puerto Rico donde el empresarismo y la libertad económica se promueva y no se obstaculice?

Precisamente, y como continuación a la respuesta a la pregunta anterior, se garantizará el clima de inversión y de negocios en Puerto Rico cuando se logren consensos entre el sector gubernamental y el sector privado, tomando en cuenta los intereses y el bienestar de los demás sectores. Pero aquí es necesario añadir lo siguiente: la ausencia de transparencia y de democracia, así como la situación colonial y los esquemas de corrupción, impiden que el país cuente con los poderes con que cuentan el resto de los países del mundo y que, en definitiva, crean el marco institucional que les permite promover, apoyar y estimular, tanto las iniciativas locales de capital privado, como los acuerdos con empresas y negocios de capital internacional. Desde siempre, Puerto Rico ha tenido las manos atadas para poner en marcha programas y proyectos estratégicos, que no solo permitan la atracción de capital foráneo en diversas áreas de nuestra economía, sino que también estimulen los negocios compartidos con el capital local. Ese escenario es el que garantizará el desarrollo pleno del empresarismo y las libertades asociadas con el ejercicio del emprendimiento.

TDC:¿Qué medidas implantará usted para agilizar y simplificar el eterno problema del proceso de evaluación obtención de permisos de construcción?

La tardanza en la obtención de permisos de construcción se debe, en muchas ocasiones, a la ineficiencia gubernamental a la que he aludido antes. Esta es una realidad inescapable en nuestro escenario económico. Ahora bien, no debemos perder de perspectiva que la evaluación de cada proyecto de construcción tiene que tomar en cuenta una diversidad de factores, incluyendo aspectos socioeconómicos, el rol de las comunidades, y la reglamentación que protege nuestro medioambiente y nuestros recursos naturales. Esa reglamentación es fundamental, si aspiramos a un país en el que podamos combinar armoniosamente la protección de nuestro patrimonio natural con el desarrollo planificado de las obras de construcción, donde éstas se puedan y se deban desarrollar. No podemos permitirnos, debido a la escasez extrema de nuestros recursos, incluyendo los terrenos, que se cometan los mismos errores del pasado, y que se han traducido en la destrucción de zonas con gran valor ecológico, en levantar infraestructura (incluyendo vivienda) en zonas inundables, y en la eliminación de terrenos agrícolas en un país que tiene ya un serio problema de seguridad alimentaria. Por eso he insistido en que debemos impulsar la construcción, vigorosa y ordenada, en la huella urbana, y lograr reconstruir en las zonas previamente impactadas en los 78 municipios del país.

TDC: Cuando enfrentamos desastres naturales, la construcción informal y en particular, la vivienda informal, es la que principalmente se ve afectada por daños estructurales, inundaciones, pérdidas de techos, etc. Las construcciones formales, que cumplen con códigos de construcción, usualmente no sufren daños mayores y por lo tanto protegen la vida y pertenencias de los ciudadanos. Sin embargo, la construcción informal en PR totaliza el 60% de la vivienda, en parte por los altos costos de construcción en el sector formal y las dificultades para lograr uso de terrenos y obtención de permisos de construcción. ¿Cómo propone fomentar la construcción formal y fiscalizar las construcciones informales?

Esta es una pregunta crucial y una preocupación que he compartido con el equipo de profesionales y expertos que han elaborado mi programa de gobierno. Urge fiscalizar con firmeza las construcciones informales, porque estas han sido responsables de muchas de las consecuencias nefastas que sufre el país, especialmente cuando enfrentamos fenómenos atmosféricos y, más recientemente, movimientos telúricos o terremotos. No cabe la menor duda de que la aspiración colectiva de Puerto Rico tiene que ser que el 100% de los proyectos de construcción sean planificados. Pero, además, como mencioné antes, no debemos cometer los mismos errores del pasado, porque también tenemos una gran cantidad de proyectos planificados, que se construyeron en lugares en los que nunca se debió construir. Debemos tener la voluntad de realizar el ejercicio de planificación de manera integral (lo que en inglés se conoce como “comprehensive planning”) para que nos sintamos orgullosos de las decisiones que tomemos como pueblo en el desarrollo de nuestra infraestructura física. El resultado final será que habremos construido de manera mucho más ordenada y eficiente que en el pasado.

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TDC: ¿Qué acciones se propone tomar para atender el tema de la escasez de mano de obra?

Dentro del marco jurídico que impera en Puerto Rico, la entrada de personas que recibimos como mano de obra para las industrias de la construcción y la agricultura (esas dos principalmente) los permisos y las condiciones bajo las cuales esos seres humanos llegan y permanecen en nuestro país, están determinados por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, el proceso del visado y la determinación de cómo se adaptan esas personas trabajadoras a nuestro entorno y al ambiente industrial, son factores que nuestros empresarios han tomado en cuenta muy seriamente. Si vamos a complementar la mano de obra local con mano de obra importada, debemos asegurarnos de que tanto el trabajador puertorriqueño como el del exterior tengan ambientes laborales dignos, pero también que se cumpla con los criterios de productividad que se esperan, de suerte que la compensación salarial y las condiciones de trabajo sean premiadas por el esfuerzo realizado en las labores que se asignen a esas personas. En ese sentido, favorezco los esfuerzos de complementar nuestra mano de obra local con trabajadores del exterior, según han confirmado que es conveniente para nuestra economía la mayoría de los empresarios agrícolas y de otros sectores económicos.

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TDC:Un tema que afecta a un sector importante de la población es el de los “income limits”.  ¿Qué pasos daría para que se aumenten los límites para la Isla?

Ese es un tema que debe examinarse con rigurosidad. En primer lugar, aunque en el contexto de Estados Unidos se toma en consideración la brecha de ingresos entre los estados (incluyendo los territorios como Puerto Rico) lo cierto es que en nuestro caso, los expertos en el tema han planteado (y con mucha razón) que no es justo comparar el nivel de ingreso promedio familiar para un país desarrollado (Estados Unidos) con dicho nivel para un país en vías de desarrollo (Puerto Rico). No perdamos de vista el hecho de que el ingreso promedio por persona en Puerto Rico es (y ha sido por muchos años) una tercera parte del de Estados Unidos. De hecho, en nuestro caso ese parámetro es la mitad del que reflejan las estadísticas oficiales en el estado más pobre (Mississippi). Por consiguiente, lo que tenemos que hacer con los llamados “income limits” es adecuar el perfil de las familias puertorriqueñas a la realidad de ingreso promedio de nuestro país. Eso servirá como base empírica para aumentar dichos límites.

TDC: El desarrollo turístico de la isla ha tomado un giro positivo en los últimos años, impulsado mayormente por desarrolladores locales. Se estima que parte de este resultado se debe al trabajo exitoso del DMO. ¿Apoya usted al DMO y a mantenerle el presupuesto actual o mayor?

Entre las diversas propuestas para el sector turístico incluidas en mi programa de gobierno, contemplo lo siguiente sobre el concepto “Destination Management Organization” o DMO: En primer lugar, propongo crear un Comité Asesor de la industria turística, con componentes empresariales y laborales y representantes de grupos ambientalistas y culturales para el diseño de legislación y reglamentación de la industria. Esto requerirá retomar al enfoque administrativo y operacional mediante el cual la Compañía de Turismo de Puerto Rico juegue el rol protagónico en la promoción de la actividad turística, lo que implica que el rol que ha jugado durante los pasados años “Discover Puerto Rico” esté en manos de dicha compañía. Tengo la absoluta certeza de que la Compañía de Turismo cuenta con la experiencia y la capacidad profesional para darle un impulso aún mayor a la industria. Además de lo anterior, propongo investigar de menara abarcadora el impacto que ha tenido sobre las comunidades urbanas y rurales la modalidad de alquiler de habitaciones y estructuras conocida como “Airbnb”, así como el alquiler de vivienda a corto plazo que utilizan otros mecanismos de mercadeo. El propósito es regular estas actividades para responder a las inquietudes y reclamos de las personas que residen en los barrios o sectores donde han proliferado dichos alquileres.

TDC:La manufactura sigue representando alrededor de un 48% de PIB, cómo contempla en su plataforma incentivar para que ese sector se quede en PR según sus patentes se venzan, considerando la falta de energía confiable entre otras realidades que enfrenta Puerto Rico?

Para el sector de manufactura propongo una visión amplia, abarcadora, cuya base será un Plan Maestro de Incentivos Industriales. La política industrial tiene que orientarse a la competitividad y a la transferencia de recursos hacia los sectores e industrias de futuro y a la promoción de productos cuya demanda en nuestros mercados de exportación crezca significativamente. Puerto Rico tiene que establecer nichos competitivos basados en calidad y diferenciación. Algunos ejemplos van desde el café que exportamos al mercado japonés, las plantas ornamentales y otros productos agrícolas que exportamos al mercado estadounidense, hasta varios productos manufacturados, algunos de alta tecnología, a través de los cuales el país ha ganado reconocimiento internacional, como lo son los productos farmacéuticos, instrumentos profesionales y científicos, maquinaria eléctrica y no eléctrica, o componentes de computadoras. Resulta imperativo identificar empresas y productos, tanto en la manufactura como en los servicios y la agricultura, para concentrar allí los esfuerzos de promoción de exportaciones. Vinculada a la estrategia industrial, tiene que desarrollarse una política tecnológica. La producción en masa ha comenzado a ser desplazada por sistemas flexibles de producción en los que predomina no el volumen y la consecuente economía de escala, sino la diversidad, que se traduce en lo que ahora se llaman economías de alcance. Estos sistemas se están generalizando en numerosas actividades como ropa, textiles y muebles. Si el enfoque que describo en las líneas anteriores se pone en marcha, no tengamos la menor duda que lograremos el crecimiento y sostenimiento de la industria manufacturera en Puerto Rico.

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